LA PROPUESTA LEGISLATIVA DE FELIPE CALDERÓN, ES UN MONUMENTO A LA MENTIRA:.

ENTREVISTA AL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMAZAN GONZÁLEZ DONDE HABLO SOBRE LA REUNIÓN ENTRE MANUEL CAMACHO Y CUAUHTEMOC CÁRDENAS Y LA POSICIÓN DEL GPPRD EN MATERIA DE ENERGETICOS.

Pregunta: Oiga diputado, ¿cómo ve esta situación de que ayer hubo una reunión entre el señor (Manuel) Camacho Solís y el ingeniero Cuauhtemoc Cárdenas?, ¿ya quieren limar asperezas o qué? ¿Quiere enviar una señal diferente?

Dip. José Antonio Almazán González (AAG): Mire: aquí todos tienen el derecho de reunirse con quienes quieran. En el caso personal --daré mi opinión personal-- creo que ambos están en su derecho; ambos son figuras públicas, son figuras políticas ampliamente reconocidas y el que se reúnan es natural.

En el caso de nosotros, con quien no nos vamos a reunir es con (Felipe) Calderón. Ya señalamos que el Tribunal lo declaró presidente, su decisión es inatacable; pero por nosotros es inacatable. Con él no nos reunimos. Pero de ahí en fuera vamos a platicar con todos, con todos aquellos que tengan puntos de coincidencia en la necesidad de construir un solo frente, para oponernos a los usurpadores.

Pregunta: Oiga diputado, ¿pero esta reunión puede ser para limar asperezas, para evitar ese distanciamiento entre Cuauhtemóc Cárdenas, los cardenistas y quienes son los lopezobradoristas?, Eso por un lado. Y por el otro, usted insiste en ese distanciamiento con Felipe Calderón; pero su coordinador ya dijo que van a revisar la agenda legislativa.

AAG: Son dos cosas diferentes: nosotros somos un poder, el Poder Legislativo, que en el marco de la Constitución, de las funciones de cada Cámara y de la organización de poderes en la República, tenemos constitucionalmente un mandato; pero eso mandato se atiende en el marco del funcionamiento de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué quiere decir? Que en efecto, entregaron la agenda, la entregaron por la vía de la fracción parlamentaria y por esa vía nosotros la recibimos.

Pregunta: Pero dijo que la van a revisar…

AAG: Y nosotros por eso estamos estableciendo, en ese punto muy concreto, que es energía, los comentarios pertinentes. Con relación a lo otro, que es la pregunta con la que iniciaron, yo digo que esperemos.

En todo caso, fijaremos posición ante lo que resulten de esas reuniones, entendemos el interés que generan ante la opinión pública; pero también reconocemos que es un derecho y parte de la libertad que tenemos que ejercer.

Pregunta: Oiga diputado, pero parece que el desacuerdo que tenía el ingeniero Cárdenas precisamente con todos esos ex priístas: Camacho Solís, Socorro Díaz, (Ricardo) Monreal, Arturo Núñez, ¿no es significativa esta reunión, después de que ellos mismos fueron los que provocaron el alejamiento del ingeniero?

AAG: Sí, digamos que tiene varias lecturas de interpretación, que las podemos dar; pero es mejor esperar.

Pregunta: ¿Pero ustedes celebran estos acercamientos?

AAG: Cualquiera --escúchese bien-- que busque lo positivo de la lucha de resistencia que estamos desarrollando. Se trata de sumar esfuerzos, se trata de sumar voluntades, se trata de sumar propuestas, en el mismo sentido de lo que estamos planteando. Lo que nosotros visualizamos es la situación de riesgo en la que se encuentra la Nación, en que se encuentra la República, como resultado, como consecuencia, de ese fraude electoral, descomunal, cínico, que transgrede el marco constitucional y que se está expresando en conflictos locales.

Entonces, si se reúnen personajes como el señor Camacho Solís, el ingeniero Cárdenas, queremos verlo en esta perspectiva. Y lo que ellos platiquen, yo creo que ya nos lo van a comentar más adelante.

Pregunta: Oiga, por otra parte, este hecho del fraude y todo eso, es un movimiento social que ustedes encabezan y está bien. Sin embargo, ya se está reflejando, por ejemplo, en el caso de Tabasco. Pese a que va a ir toda la cargada de diputados locales, federales, todo mundo, al parecer el candidato (Cesar Raúl) Ojeda va 10 puntos abajo y ni cómo repuntar. Y al parecer este movimiento, estas medidas, lo han afectado…

AAG: Tampoco le crean mucho a las encuestas, ya sabe cómo son las encuestas. Ahí hay un proceso, en donde lo que se está resolviendo o se va a resolver localmente es el cambio de gobernador. Nosotros, dentro de lo que ha planteado la Convención Nacional Democrática, tenemos mucho interés en que el proceso se desarrolle de manera pacífica, dentro de los cauces legales y de manera democrática. Vamos a esperar.

Pregunta: Oiga diputado, hay quien piensa que en Tabasco se va a jugar el futuro de la resistencia civil pacifica.

AAG: Creo que todo eso es una exageración. Se entiende bien que el resultado de este proceso nacional tuvo como consecuencia un enorme fraude electoral; eso está claro. Y, digamos, la gente Fox, la gente de Calderón, si se mueve una mosca, quieren aventarla en contra de esta resistencia. Entonces, a cada momento ellos ven rubicones en el curso de resistencia que hemos venido desarrollando. Esto va para largo, la resistencia será larga. Lo de Tabasco, lo que sucede en otros estados, son episodios dentro de esta lucha nacional.

Pregunta: Oiga diputado, pero hablando en “plata fina” --nadie looye, nadie lo va a escuchar-- ¿No les ha afectado más esta situación de la resistencia civil y la propia presencia de Andrés Manuel López Obrador?, porque insisto, mucho de lo que hay en Tabasco se dice que es por la presencia y parte de la resistencia civil.

AAG: No, al contrario. Lo que le preocupa a la derecha --y fíjense bien lo que les voy a decir, con todo respeto a ustedes-- a los dueños de los medios de comunicación, es que la gente no está desilusionada, ni desanimada. A los propietarios de las cadenas televisivas, de las cadenas radiales, a los poderosos de este país, lo que les preocupa es eso.

A los beneficiarios de la “Ley Televisa” y de la “Ley de Radio”, que parecen ya intocables y son un poder fáctico, lo que les preocupa, a diferencia de lo que ocurrió en 1988, a diferencia de lo que ha ocurrido en algunos otras partes del mundo, es que ante un fraude de esta naturaleza la gente no está desanimada.

Al contrario, la gente se está organizando, más allá de las encuestas. La gente está expandiendo su decisión y, sobre todo, su convicción, a partir del conocimiento de la realidad nacional, de la importancia de luchar por nuestros derechos.

Yo espero que se haya entendido lo que está en juego en materia energética, porque a los “vendepatrias”, a Calderón, a Fox, a toda esa bola de rufianes que se sientan en la Constitución y hacen cosas indebidas sobre ella, el concepto de Patria les parece atrasado, porque ellos no estudiaron en escuelas públicas. El concepto de Soberanía dicen que es del siglo pasado, que lo que hay que hacer ahora es ser competitivos y que si eso es a costa de ceder soberanía en materia energética, pues que se venda Petróleos (Mexicanos).

Entonces, estamos hablando de una visión de clase de los poderosos, de los multimillonarios en este país, que quieren infundir, a través del manejo de los medios, una idea de desánimo, de desaliento en los mexicanos. Y nosotros vemos otras cosas.

Nosotros miramos abajo, miramos a la par, y lo que vemos son ojos dispuestos a luchar, dispuestos a pelear. Y lo de Tabasco es una expresión. Ya se verá en pocos días, no se desesperen.

Pregunta: Oiga diputado, ¿me podría explicar un poquito acerca del 17 de noviembre?

AAG: Precisamos. Lo que se está planteando para el 17 de noviembre es una jornada, dentro de la resistencia civil y pacifica a la que se convocó por parte de la Convención Nacional Democrática.

Una de las primeras acciones será la realización de un foro en defensa de esta soberanía energética, con la opinión de destacados investigadores y maestros, como la señora Ifigenia Martínez, el doctor Víctor Rodríguez y muchas otras gentes que han estudiado, han analizado la cuestión energética y cuyos puntos de vista compartimos en defensa de lo que es de todos los mexicanos.

Habrá otras acciones, iniciativas, en el marco de esta resistencia, que se van a ir anunciando a través del Frente Amplio Progresista y también del foro que organizó el Sindicato Mexicano de Electricistas, Foro Nacional o Frente Nacional en defensa de la soberanía energética.

Este es un primer paso que estamos dando, muy bien dado en el marco de las iniciativas que nos corresponden como diputados del Grupo Parlamentario del PRD.

Pregunta: ¿Pero habrá manifestaciones el 17 de noviembre?

AAG: Sí.

Pregunta: ¿En dónde?

AAG: Si todo esto sale al aire, preocúpense poderosos, ricos, “vendepatrias”, porque no nos rendimos, saldremos a la calle a defender lo que es de todos, la industria eléctrica, Petróleos (Mexicanos). No es de ellos, tampoco es del gobierno, es de la Nación. Son burros e ignorantes. Los remito, poderosos, a que lean el párrafo sexto del artículo 27: no pueden vender lo que no les pertenece. Espurio: ¡entiende!, la Patria no se vende.

Pregunta: Oiga diputado, ¿dónde van a ser las manifestaciones?

AAG: En diferentes partes de la República.

Pregunta: Pero se hablaba de la Compañía de Luz y Fuerza, de PEMEX…

AAG: Recuerden ustedes que hace unos días, en el marco de la celebración de los 46 años de la nacionalización de la industria eléctrica, el 27 de septiembre, realizamos mítines frente a la Comisión Reguladora de Energía, que es la comisión otorgadora de permisos, la comisión de privatización, también frente a la Secretaría de Energía, que es un secretaría privatizadora, y la Secretaria de Hacienda, que es el mandamás. Su titular no se nombra en México, llega una carta del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial al presidente en turno y dice: “Este va a ser”; lo que antes era el virrey en México, eso es el secretario de Hacienda.

También ahí hicimos mítines y los vamos a repetir en muchas otras partes. Preocúpense, poderosos, porque vamos a continuar la lucha, no nos rendimos, ¿se nos ve cara de cansancio, se nos ve cara de desilusionados? No. Y vamos a ganar, tenemos la razón y somos mayoría en esta patria.

Pregunta: Oiga diputado, se oye muy bonito; pero la privatización se viene dando, ya no digamos de manera de hormiga. En las últimas obras que ha hecho la Comisión Federal de Electricidad, el capital privado ahí está y no se está frenando.

AAG: Así es, violando la Constitución.

Pregunta: Por eso, pero lo siguen haciendo.

AAG: Violando la Constitución.

Pregunta: Por eso le preguntaba. Me decía usted que iban a una huelga general, en caso de que reformaran el (artículo) 27 y el (artículo) 28, pero el caso es que siguen y siguen invirtiendo capital privado en el sector y no se ha frenado.

AAG: Tiene usted razón, toda la razón. Ojala reproduzcan su nota, la que usted nos acaba de dar.

Pregunta: Pero la lee, porque no nos quieren leer ni nos quieren escuchar.

AAG: Claro, por supuesto que sí. El compañero reportero tiene toda la razón, qué bueno. Actualmente está en manos de capital privado, en el caso eléctrico, alrededor de un 30 por ciento de lo que se genera de electricidad en México. Tanto en permisos de productores independientes, como en permisos en materia de autoabastecimiento; pero todos esos permisos son ilegales e inconstitucionales.

Ya lo dictaminó así la Auditoría Superior de la Federación: son ilegales e inconstitucionales; por eso van por una reforma al 27 y al 28, porque saben bien que si no reforman la Constitución, en cualquier momento eso se les cae. Por eso hicieron el fraude, porque sabían bien que si llegaba López Obrador, ese capital iba “patitas a sus patrias”. Y es muy contradictorio.

Todas esas trasnacionales --óigase bien--, todas las trasnacionales energéticas en México, en sus respectivos países, rinden homenaje a la soberanía nacional. En Francia, Electricidad de Francia no admite que haya más capital privado en electricidad y en gas. En España, FENOSA e Iberdrola, el primer ministro, el Rey, dice que es inadmisible que haya participación de capital privado en sus empresas; ah, pero afuera son trasnacionales y andan pisoteando las constituciones.

Están muy preocupados y le exigen a Calderón que reforme el artículo 27 y 28, porque saben que están prendidos de alfileres. Es que nada más hay que hojear el párrafo sexto del 27 para darse cuenta que están en la ilegalidad, en la inconstitucionalidad.

Pregunta: Oiga diputado, usted dijo que hay claros signos de que hay intenciones, del PRI y de Acción Nacional, de hacer estas modificaciones, ¿cuáles son estos claros indicios?

AAG: Están todas las declaraciones, que ustedes vinieron recogiendo muy bien a lo largo de toda la campaña electoral, en donde el señor Madrazo y el señor Calderón, en los debates que hubo, expresaron claramente su propósito de abrir todas las puertas al capital privado.

Madrazo ya se fue a esconder, Calderón ahí tiene su propuesta de agenda, un monumento a la mentira. Dice que no va a privatizar; pero dice que se va a abrir más el sector energético al capital privado. Ahí está eso y hay que ver cómo se comportan aquí adentro: “agarraditos de la mano”, “el bien común con el papá”. Gracias, a sus ordenes.

José Antonio Almazán

La mesa puesta

Los que se sienten ya dueños de México han resuelto consumar el fraude electoral para imponer a un presidente que profundice las criminales políticas neoliberales en contra del pueblo de México. Desde la perspectiva de los multimillonarios empresarios que impulsaron la guerra sucia y la campaña de miedo, así como de la ultraderecha de El Yunque, que controla al PAN y al gobierno de Fox, no se trata sólo de impedir el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, sino de golpear al movimiento democrático integrado por millones de mexicanos que reclaman, con razón y justicia, el recuento total de los votos de la pasada elección presidencial.

La oligarquía mexicana sabe bien que atrás del anhelo de una democracia plena, expresado hoy en la demanda de voto por voto, casilla por casilla, está la sed de justicia social, de salarios justos, de empleo y vida digna para todos, de educación laica y gratuita en todos los niveles de enseñanza, y la esperanza de una patria libre, justa y soberana, todo ello negado por el nefasto modelo neoliberal que únicamente ha beneficiado a un puñado de multimillonarios.

Los poderosos sueñan desde ahora con los grandes negocios que emprenderán contando con un gerente a su gusto en la silla presidencial y un Congreso controlado por el PRI y el PAN. Frotándose las manos incuban proyectos para concluir la privatización de la electricidad y el petróleo, para poner en manos privadas la seguridad social, para echar más tierra al megafraude del Fobaproa, para profundizar los tratados de libre comercio y completar la entrega de los recursos naturales (agua, bosques, biodiversidad) y el patrimonio nacional. Sin ocultar la mirada de codicia, se aprestan a concluir la destrucción del campo mexicano, convirtiéndonos en un país importador de granos y exportador de millones de trabajadores migrantes; a anular la educación laica y gratuita mediante una contrarreforma educativa que destruya nuestra identidad como mexicanos y que sólo produzca mano de obra dócil a la explotación patronal; a imponer una contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo, que garantice mayor sobrexplotación de millones de trabajadores mexicanos con salarios de hambre y sin condiciones mínimas de seguridad e higiene, y las llamadas reformas estructurales.

La oligarquía y la ultraderecha en el poder están dispuestos a todo. Ya enviaron mensajes: la impunidad criminal con la que asesinaron a los mineros de Pasta de Conchos y Sicartsa, la represión brutal del pueblo de San Salvador Atenco y la violación planeada de mujeres con acciones programadas para aplastar la rebelión del pueblo de Oaxaca, encabezada por sus dignos maestros. A través del duopolio televisivo y de la mayoría de los medios de radio y prensa escrita han desatado una guerra mediática para preparar la imposición de Felipe Calderón sin medir consecuencias ni costos políticos y sociales. Los vendepatrias suspiran por un presidente al que no le tiemble la mano para reprimir.

La tarea sucia se la dejan a Vicente Fox, quien ha declarado públicamente que está dispuesto a pagar el costo político para impulsar las llamadas reformas estructurales (laboral, fiscal, energética, entre otras) en los escasos tres meses que le restan de gobierno y dejarle la "mesa puesta" a Calderón para que no cargue los costos de la represión. En sus cálculos está la posibilidad de una alianza entre la fracción parlamentaria del PAN y del PRI en el Congreso de la Unión, que han venido trabajando en las últimas semanas, para obtener el control de una mayoría simple que apruebe las reformas fiscal y laboral en la Cámara de Diputados, así como los dos tercios necesarios para validar contrarreformas a los artículos 27 y 28 constitucionales en el Senado.

Sin embargo, el cálculo de la ultraderecha y de la oligarquía falla en una parte, siempre despreciada por los poderosos: la respuesta popular. En meses recientes hemos sido testigos del crecimiento y fortalecimiento de un movimiento popular nacional, que no se circunscribe únicamente a la capital del país y a Oaxaca, que ha resistido la guerra mediática de descalificación y aislamiento, y ha ido elevando su nivel de conciencia y organización a partir de decenas y cientos de asambleas en las que se discuten los grandes problemas nacionales y cómo resolverlos y que, pase lo que pase en el terreno del fraude electoral, darán respuesta puntual a los planes de la oligarquía y la ultraderecha.

El reto del movimiento democrático encabezado por López Obrador será enlazar y organizar la justa demanda del conteo total de los votos con la agenda social, como él ha expresado en las asambleas informativas en el Zócalo de la ciudad de México. Por el lado de las organizaciones agrupadas, tanto en el Frente Sindical Campesino Indígena Social y Popular, como en las Asambleas del Diálogo Nacional por un Proyecto de Nación Alternativo al Neoliberalismo, el reto estriba en asumir iniciativas de unidad y movilización en una coyuntura en la que se han adelantado los tiempos políticos y frente a la cual la preparación de acciones de paro cívico y huelga nacional cobran relevancia y actualidad.

Publicado en LaJornada el 14 de Agosto de 2006.

José Antonio Almazán

Proyecto de nación y energéticos

Después de un 1º de mayo cuyo común denominador fue el repudio a la política neoliberal foxista, los gritos multitudinarios de "ni un voto al PRI y al PAN" y el apoyo a la lucha de los trabajadores migrantes; en momentos en que la ultraderecha ensoberbecida y su candidato Calderón sienten que la silla presidencial ya es suya, apoyados en una guerra mediática en la que los medios televisivos y las encuestas buscan convertirse en el gran elector; y mientras los poderosos ensayan cómo van a gobernar después del 2 de julio, asesinando mineros, y reprimiendo salvajemente a la población de Salvador Atenco y disfrazando su agresión de actos de "estado de derecho", el tema energético, el destino de la electricidad y del petróleo parece pasar a tercer plano.

Sin embargo, abajo, entre los miembros de la clase obrera, con paciencia y tenacidad se discuten aspectos cruciales en la perspectiva de una patria libre, justa, democrática y soberana como la que soñaron y por la que dieron la vida Jose Martí y Simón Bolívar. Tal es el caso del segundo Foro Latinoamericano y Caribeño de Trabajadoras y Trabajadores de la Energía, realizado el 2, 3 y 4 de mayo en la ciudad de México, en el cual dirigentes electricistas, petroleros y nucleares de 17 países hermanos analizaron el papel crucial que los energéticos juegan en el momento actual de la globalización capitalista y la importancia que estos recursos guardan en la formulación de proyectos alternativos frente al embate neoliberal.

Lo mismo en Argentina, en Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, México que en Perú, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, la aplicación del modelo neoliberal se tradujo en despojo y pobreza para los pueblos, acumulación de enormes riquezas por las trasnacionales y pérdida de soberanía para las naciones del continente americano. Frente a esta perspectiva la lucha de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe ha generado un poderoso movimiento social que ha logrado frenar, en algunos casos, la privatización energética, y en otros ha impulsado el ascenso de gobiernos que rompen radicalmente con el neoliberalismo en una perspectiva socialista, como es el caso de Venezuela, y recientemente Bolivia, que nacionalizó sus hidrocarburos y que junto con otros países, como Argentina, Cuba, Uruguay, Brasil, buscan impulsar procesos de integración económica y social alternativos a la propuesta imperial del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), como son la Alternativa Bolivariana para la América (Alba) y Petroamérica.

En el primer foro, realizado en Caracas, Venezuela, en mayo de 2005, se asentaron tesis fundamentales en el terreno energético, como son: 1) La soberanía y la propiedad de nuestros pueblos sobre sus recursos energéticos, para la construcción de la Nación Latinoamericana y Caribeña. 2) La unificación y protagonismo de las y los trabajadores energéticos latinoamericano-caribeños. 3) La defensa del ambiente y el uso racional de los recursos energéticos no renovables. 4) La energía como bien social y derecho humano fundamental de los pueblos de la Tierra. 5) El combate a la exclusión y la pobreza, por una justa redistribución de la riqueza. 6) La energía al servicio de la integración, el desarrollo y la paz de nuestros pueblos. 7) El derecho de las trabajadoras y trabajadores a participar en la gestión de las empresas energéticas.

Ahora, en la realización del segundo foro el avance fue significativo, ya que se acordó "constituir una coordinadora de sindicatos de la energía de América Latina y el Caribe sobre la base de coordinaciones regionales de Norteamérica, Centroamérica, Caribe y Sudamérica que trabajen hacia la creación de las condiciones políticas necesarias que permitan crear una confederación en el tercer foro con una base firme y amplia", así como la construcción de un amplio frente social para enfrentar la política neoliberal.

En palabras de los dirigentes electricistas, petroleros y nucleares de Latinoamérica y el Caribe, reunidos en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, que fungió como anfitrión, se concluyó:

"Este foro marca el inicio de una etapa nueva y superior en la defensa de nuestros energéticos. Es necesario unificar nuestras fuerzas y nuestras luchas. Los trabajadores de la energía necesitamos la participación de los pueblos, cada país necesita la participación de los otros países. No basta luchar por la energía: es necesario luchar por todos nuestros recursos, unificar las fuerzas y los movimientos, crear una sola lucha. Nadie vencerá desde el aislamiento. Es la hora de la unidad." Enhorabuena.

Publicado en LaJornada el 8 de Mayo de 2006.

José Antonio Almazán González

Siete años después: el horizonte, la coyuntura

Cuando el 2 de febrero de 1999 el presidente Zedillo anunció su decisión de privatizar la industria eléctrica, la noticia nos pegó como descarga eléctrica. Como relámpagos vinieron a nuestra memoria los recuerdos de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME): desde la huelga general de 1916 hasta la formación del Comité Nacional de Defensa Proletaria en 1935. Una vez superados esos primeros minutos de parálisis y zozobra, y apoyados en nuestra memoria histórica, la dirección del SME tomó una decisión que nos habría de marcar a lo largo de un camino que sabemos no tiene regreso: resistir. Hoy, a punto de cumplirse siete años de lucha, resulta obligado intentar un balance.

1.- Desde su inicio, la lucha del SME y sus aliados ha estado marcada por una tensión entre la necesidad de avanzar en la construcción de un nuevo horizonte y la de resistir en una coyuntura, marcada primero por la ofensiva privatizadora eléctrica y después por el conjunto de las "contrarreformas estructurales". Desde esta perspectiva se convocó, en 1999, a la formación del Frente Nacional de Resistencia en Contra de la Privatización de la Industria Eléctrica. Sus principales defectos fueron limitar su desarrollo al problema eléctrico y concebirlo como un organismo de solidaridad a los ritmos y acciones de la lucha del SME, sin plantearse las necesidades y las demandas propias de sus aliados.

Sin embargo, el curso de la lucha llevó al SME a la comprensión de fortalecer la unidad de los de abajo, trascendiendo su ámbito gremial. Así, participamos en la creación de la Promotora por la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo en 2002, y en noviembre de 2003 organizamos el Frente Sindical, Campesino, Social y Popular (FSCSP), sin ignorar el carácter de algunas direcciones sindicales de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), pero anteponiendo los reclamos de un amplio movimiento social en rechazo a la privatización de la seguridad social y el sistema público de pensiones y jubilaciones. En este sentido, el FSCSP demostró su capacidad de convocatoria y movilización en las jornadas nacionales en defensa de la soberanía, la seguridad social y los derechos de los trabajadores, en noviembre de 2003; la magna movilización al Zócalo del 31 de agosto, y el ensayo de paro nacional el primero de septiembre de 2004.

2.- El saldo de 2003 mostró que no bastaba con resistir, que se requería con urgencia organizarse a escala nacional y dotarse de un proyecto propio. Más aún cuando la obstinación del gobierno de Fox por imponer a toda costa las llamadas reformas estructurales había marcado un límite a los movimientos de resistencia. En este sentido, la convocatoria al Primer Diálogo Nacional, en noviembre de 2004, implicó pasar de una simple resistencia activa a la construcción de un proyecto de nación alternativo al neoliberalismo.

El Segundo Diálogo Nacional, realizado el 4 y 5 de febrero de 2005, significó un salto cualitativo en la lucha de cientos de organizaciones sociales al definir un horizonte de resistencia antineoliberal, con rasgos anticapitalistas, en la llamada Declaración de Querétaro y el Programa Mínimo no Negociable.

3.- En el caso del SME, la dialéctica entre el horizonte de lucha (antineoliberal y anticapitalista) y la coyuntura (nacional y mundial) expresa el desarrollo de una lucha de resistencia que aglutina a millones de mexicanos, la comprensión de los intereses mundiales y locales que están atrás de la políticas de privatización y las contrarreformas estructurales y, esencialmente, la clara conciencia de fortalecer la unidad de los de abajo frente al enemigo común: la oligarquía mexicana y el imperialismo.

Así, desde 1999 se buscó incidir en el Congreso de la Unión con el propósito de frenar las contrarreformas a los artículos 27 y 28 constitucionales, logrando que en abril de 2002 las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Energía, Estudios Legislativos y Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del Senado de la República desecharan la iniciativa presidencial de Zedillo, así como las de PAN y PVEM, y aun cuando en agosto de ese año el presidente Fox presentó una nueva propuesta de privatización, la presión ejercida al Congreso de la Unión ha mantenido en la congeladora las contrarreformas constitucionales.

El problema de quién gobierna en este país no es asunto irrelevante. Así lo hicimos en 2000, cuando, respetando nuestra autonomía interna, convocamos a no votar por los partidos privatizadores. En el momento actual, tanto el PRI de Madrazo como el PAN de Fox y Calderón han definido claramente, bajo los dictados del imperio, su intención de privatizar los energéticos e imponer las reformas estructurales (fiscal, laboral, seguridad social, cultura, etcétera), inclusive antes de que concluya el sexenio. Es cierto, el Proyecto Alternativo de Nación de López Obrador no rompe con el neoliberalismo, pero toma distancia de éste, particularmente en el terreno de los energéticos, al señalar claramente, en varios documentos públicos, que no privatizará la electricidad y el petróleo. En ello estamos de acuerdo, sin que esto implique una confianza a ciegas. Conscientes además de que la posibilidad de revertir el proceso de privatización dependerá, en lo fundamental, del fortalecimiento de las luchas de resistencia y la unidad de los de abajo.

Con este razonamiento, la disyuntiva no está en optar entre lo electoral o la Sexta y la otra campaña, a las que el SME ha saludado con entusiasmo, sino más bien en la capacidad y voluntad de avanzar juntos, respetando la autonomía de cada organización en el tema electoral, en la construcción de la unidad de los de abajo, por un proyecto de nación alternativo al neoliberalismo, con libertad, justicia y democracia, como lo intentaremos el próximo 4 y 5 de febrero en el Tercer Diálogo Nacional a celebrarse en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡La lucha sigue!

Publicado en LaJornada el 4 de Febrero de 2006.

Las caravanas del frente

Publicado en LaJornada el Lunes 9 de mayo de 2005

José Antonio Almazán González

Las caravanas del frente

Burlando el cerco informativo, mediante el contacto directo con organizaciones locales, regionales, estatales y nacionales y con decenas de miles de compatriotas, seis caravanas del Frente Sindical, Campesino, Indígenas, Social y Popular (FSCISP) recorren territorio nacional, convocando a la organización y a luchar juntos para frenar las reformas estructurales (es decir, la intención del gobierno de Fox y sus aliados del PRI de privatizar la electricidad, el petróleo, la seguridad social, la educación, la cultura, etcétera, así como para manifestar el rechazo a la reforma laboral de Abascal y para avanzar en la formulación de un Proyecto de Nación Alternativo al Neoliberalismo, con libertad, justicia y democracia.

Ignorados y menospreciados por los poderosos que controlan los medios de comunicación, las caravanas del Frente se insertan en el tiempo latinoamericano del nuevo tipo de movimientos sociales (como el Movimiento de los sin Tierra en Brasil) que se han venido construyendo en los últimos años: no sólo de resistencia, sino también propositivos ante los grandes problemas nacionales; invadiendo, por derecho propio, esferas cuidadosamente reservadas a la clase y organizaciones políticas, que reclaman para sí el usufructo completo de lo político.

Frente a la crisis terminal del neoliberalismo, cuyas trágicas secuelas son la miseria, el hambre y el desempleo en que han hundido al pueblo de México, las caravanas del FSCISP levantan un programa mínimo no negociable, consensuado por cientos de organizaciones sociales que participaron en el segundo Diálogo Nacional, realizado en Querétaro el pasado 5 de febrero, cuyas principales conclusiones son las siguientes:

1. Recuperar y restablecer la soberanía de la nación, devolviendo al pueblo la autoridad suprema para decidir el destino de la patria, restituyendo a la nación la propiedad exclusiva sobre el territorio, los recursos naturales y las fuentes energéticas y cancelando todos los tratados comerciales y militares que lesionen los intereses del país.

2. Romper con el modelo neoliberal, sustituyéndolo por un nuevo modelo económico para el desarrollo del país, orientado a terminar con la pobreza, a recuperar y preservar los derechos sociales y de los trabajadores, a la creación de empleos, a generar el crecimiento económico y a la distribución equitativa de la riqueza, bajo la conducción y la rectoría económica del Estado.

3. Recuperar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria sobre la base de un nuevo impulso al reparto agrario, al ejido y al cooperativismo social, garantizando asistencia técnica y recursos financieros para la producción.

4. Renegociar y, en su caso, cancelar el pago de la deuda externa, así como el pago de la deuda generada por el rescate bancario y carretero.

5. Una democracia integral basada en la implementación de diversos mecanismos de participación directa del pueblo para la decisión en asuntos públicos, como son el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la consulta, la contraloría social y la revocación de mandato.

6. Una reforma integral al sistema judicial y de impartición de justicia, orientada a terminar con la corrupción, la violación a los derechos humanos y que contemple la elección popular de jueces y magistrados.

7. La defensa de los derechos de los pueblos indios plasmados en los acuerdos de San Andrés.

8. La defensa de la educación pública y el patrimonio cultural, asegurando que se destine al menos 8 por ciento del PIB a educación y uno por ciento del PIB a ciencia y tecnología, garantizando la cobertura de la educación gratuita en todos los niveles.

9. Para lograr la justicia social y condiciones de vida digna para todas y todos los mexicanos, se debe asegurar su acceso a los derechos universales a la alimentación, a la salud, a una vivienda digna, a un trabajo socialmente útil y al respeto irrestricto de los derechos humanos.

10. La defensa de los derechos laborales contemplados en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, asegurando las condiciones para el ejercicio de la democracia en los sindicatos y el fin del corporativismo y el control estatal.

11. Garantizar la plena equidad en derechos y oportunidades para las mujeres.

12. La libertad de todos los presos políticos, la presentación con vida de los desaparecidos y la desmilitarización del país.

Las caravanas del Frente iniciaron sus recorridos el 3 de mayo y lo concluirán el 11 de este mes, visitando más de 70 capitales y ciudades del interior de la República, de Ensenada a Mérida, de la costa del Pacífico al Golfo de México, difundiendo la Declaración de Querétaro y este programa mínimo no negociable, para mostrar que los trabajadores sí tenemos proyecto de nación y que parte de demandar la restitución de la legalidad constitucional, severamente cuestionada por las reformas neoliberales y por aquéllos, que como Fox, declaran sin decoro alguno que se sienten más empresarios que políticos.

Desplegado 5 de Abril de 2005

Los intereses detrás del desafuero

Sin argumentos, ni razón, ni justificación legal alguna, los sumisos diputados del PRI y el PAN que integran la sección instructora de la Cámara de Diputados, dictaminaron a favor del desafuero del Jefe de Gobierno del D.F., Andrés Manuel López Obrador. Seguramente quienes durante meses han planeado el golpe de estado en contra de la incipiente democracia en México, Madrazo, Fox y Creel, estarán de placemes.

A todos ellos los mueve el mismo interés, cerrar el paso a quién todas las encuestas colocan como puntero para las elecciones presidenciales de 2006. En sus cálculos políticos consideran que, desaforado Andrés Manuel López Obrador, el botín presidencial quedará en manos de Madrazo o Creel, personajes políticos que cuentan con el beneplácito del gobierno de Bush, para quién el próximo presidente de México es un asunto de seguridad nacional (de E.U. por supuesto).

Su interés primordial consiste en garantizar la continuidad del modelo neoliberal y para ello cuentan con el respaldo del presidente Bush. La alianza que han venido construyendo para impulsar y aprobar las “reformas estructurales” cuyo colofón fue la eliminación de los artículos 27 y 28 constitucionales del Programa de Acción del PRI, da cuenta de ese indecente compromiso para culminar la compra venta de México.

El proyecto político de López Obrador no rompe de manera definitiva con el neoliberalismo, pero toma distancia frente a él, generando con ello fobia y terror en el gobierno de Bush tan solo de pensar en tener a otro Hugo Chávez pegado a su frontera sur. Para los poderosos intereses que están atrás de quienes impulsan el desafuero, poco importa asestar un golpe mortal a la embrionaria democracia en México, con tal de asegurar que el criminal modelo de hambre y miseria, llamado neoliberalismo, culmine su tarea en México, convirtiéndonos en una colonia del poderoso vecino del norte.

El desafuero de López Obrador significa regresar la historia de México a la etapa del dictador Porfirio Díaz y las condiciones sociales y políticas que dieron origen a la Revolución Mexicana de 1910-1917. De un plumazo pretenden cancelar el más elemental de los derechos democráticos de todos los mexicanos: el de elegir a sus gobernantes. Amen de mantener a los trabajadores sin las mas elementales libertades políticas, al obligárseles a pertenecer al partido revolucionario institucional y con ello mantenerlos atados a las patronales centrales del congreso del trabajo.

El desafuero de López Obrador muestra también que cuando les conviene al PRI y al PAN, son capaces de unirse atentando contra los derechos elementales de los mexicanos. Y si hoy se unieron para desaforar, seguramente mañana intentaran imponer las llamadas reformas estructurales.

Convocamos al pueblo de México a mantenerse en estado de alerta en los próximos días para defender el derecho de los mexicanos a ejercer la democracia y a movilizarnos en rechazo al ilegal e ilegítimo desafuero del Jefe de Gobierno del D.F.

¡El golpe de estado en contra de la democracia en México, No pasará!

Responsable de la publicación: José Antonio Almazán González, Srio. del Exterior del SME.

DESPLEGADO PUBLICADO A PLANA COMPLETA EN “LA JORNADA” EL DIA 5 DE ABRIL DE 2005

No al ilegal e inconstitucional desafuero del Jefe de Gobierno del D.F.

No al ilegal e inconstitucional desafuero del Jefe de Gobierno del D.F.1

¿Qué han hecho para frenar las reiteradas violaciones a la Constitución cometidas por el gobierno de Fox?

¿Qué medidas han tomado para detener el proceso de privatización de la electricidad y el petróleo que viola el párrafo sexto del artículo 27 Constitucional?

¿Qué acciones emprendieron para impedir la reforma a la ley del IMSS que prepara la privatización de la Seguridad Social?

¿Qué están haciendo para hacer valer los derechos laborales plasmados en la Ley Federal del Trabajo y para impedir la contrarreforma laboral de Abascal?

NADA

Al contrario, durante 23 años los gobiernos del PRI y hoy del PAN han contribuido al desmantelamiento del patrimonio nacional y a la entrega de México a la voracidad de las grandes corporaciones trasnacionales y a los planes imperiales.

Por si no fuera suficiente, hoy pretenden afectar el más elemental de los derechos democráticos: el de elegir a los gobernantes, a través del ILEGAL DESAFUERO del jefe de gobierno del Distrito Federal.

El golpe de Estado que el PAN y el PRI preparan, mediante el desafuero contra el Jefe de Gobierno del D.F. Andrés Manuel López Obrador, no afecta a un individuo, sino a millones de mexicanos que ejercieron el derecho de voto y agrede a todo el Pueblo de México, pues mediante sucias maniobras legaloides, pretenden cerrar el paso a cualquier opción electoral que no sea la del PRI y la del PAN o que no sea del agrado de la oligarquía mexicana y del gobierno de Bush.

Repudiamos esta infame maniobra que cancela derechos democráticos elementales por los que el pueblo de México luchó en la Revolución de 1910-1917. Solicitamos al Congreso de la Unión, particularmente a los Diputados, que se revistan de dignidad y rechacen el ilegal desafuero del Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador. Convocamos a las organizaciones sociales y políticas de todo tipo a demandar el respeto a las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución y a movilizarnos para frenar el Golpe de Estado en contra de la democracia en México.

Los modernos Porfirios Díaz que piensan, como Madrazo y Fox, que los mexicanos no estamos maduros para la democracia ¡NO PASARÁN!

1 Desplegado publicado el día 19 de febrero de 2005 en el periódico La Jornada. Responsable de la publicación: José Antonio Almazán González, Secretario del Exterior del SME

Deuda externa y electricidad

José Antonio Almazán González

En su reciente comparecencia ante el Senado de la República, el secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, utilizó nuevamente el desgastado argumento de que: "El Estado tiene recursos limitados y su labor primordial debe ser atender necesidades de los ciudadanos, sobre todo en materia de seguridad pública, salud, seguridad social y educación...", intentando, con ello, justificar la pretendida privatización del sector eléctrico nacionalizado.

Ese viejo argumento neoliberal, inevitablemente nos remite a la crisis que México comenzó a sufrir a partir de 1982. En aquel año, ante la insolvencia del gobierno federal para asumir los compromisos de pago de una deuda externa que ascendía a 86 mil millones de dólares, el Banco Mundial impuso una serie de condiciones conocidas como "ajustes estructurales", entre otros la privatización del sector estatal de la economía.

1.- En 1982 este sector estaba integrado por mil 155 empresas y organismos estatales que operaban en 63 ramas de la economía mexicana, entre otras: química, agropecuaria, pesca, textiles, farmacéutica, banca, servicios, telecomunicaciones, aeronáutica, puertos, transporte, minería, petroquímica básica, siderurgia, turismo, ferrocarriles, electricidad y petróleo.

El argumento utilizado en aquel entonces por los gobiernos priístas fue que el Estado contaba con recursos económicos limitados y que éstos debían orientarse hacia el gasto social en educación, vivienda, salud, agua potable, inversión en el campo, mejor alimentación, medio ambiente y justicia. Como resultado de la privatización de 942 empresas, el gobierno federal obtuvo ingresos por más de 31 mil millones de dólares, que fueron destinados no al gasto social, sino al pago de la deuda externa, como parte de los compromisos asumidos con el Banco Mundial.

Este proceso de privatización inicialmente fue orientado hacia empresas y organismos que no eran estratégicos ni prioritarios, pero en pocos años abarcó a sectores prioritarios, como fue la venta de Teléfonos de México durante el periodo salinista y Ferrocarriles Nacionales con Ernesto Zedillo. Al igual que Carlos Abascal hoy, este proceso de desnacionalización de sectores claves de la economía mexicana intentó ser justificado por uno de los principales operadores de la privatización en el periodo salinista, Jacques Rogozinski, argumentando que "la experiencia de nuestro país y de muchas naciones... ha demostrado que en general la empresa privada es más eficiente que la pública".

2.- Conforme a datos del Banco de México publicados en su Informe Anual 2002, y guiado por los bien documentados reportes de Roberto González Amador (La Jornada 25 de julio y 23 de octubre), mientras de 1992 a 2002 la deuda externa, pública y privada, creció 31.8 por ciento, pasando de 117 mil 600 millones de dólares a 155 mil millones de dólares, en el mismo periodo el pago de esta deuda externa significó para México una sangría de 288 mil millones de dólares, que fueron a parar a las arcas de las principales potencias imperiales que controlan el Banco Mundial.

En promedio, en los pasados 10 años se pagaron anualmente más de 26 mil millones de dólares y en lo que va de este sexenio se han pagado 55 mil 600 millones de dólares.

Para situar la magnitud de la descapitalización de la economía mexicana en la década anterior, basta señalar que el pago de la deuda externa representó 45.2 por ciento del producto interno bruto de 2002, que el Banco de México calculó en 637 mil 269 millones de dólares.

Aun reconociendo las cifras infladas de Felipe Calderón, que estima que el sector de energía requiere una inversión de 136 mil millones de dólares de aquí al año 2013, estos recursos de capital se hubieran obtenido fácilmente, no ya de una moratoria a la deuda externa que a algunos asusta, sino de una justa e inaplazable renegociación de la misma.

3.- Como bien lo demuestra Sharon Beder en su libro Juego de poder, la lucha por el control de la electricidad en el mundo, "...aunque los argumentos a favor de la privatización y la desregulación se han presentado inevitablemente en términos de su beneficio público, en realidad éstas se llevan a cabo en beneficio de intereses comerciales en particular, a expensas de los intereses públicos". Demuestra cómo se ha echado mano de ideologías y teorías económicas simplistas para enmascarar la búsqueda del interés propio; cómo se ha arrebatado el control de la electricidad de las manos públicas para crear oportunidades de ganancias para inversionistas y empresas multinacionales, y cómo un servicio público esencial se ha visto convertido en un producto de especulación en nombre de la "reforma".

Contra este perverso propósito, desde diversos rincones de la nación avanza ya un conglomerado de fuerzas y movimientos sociales de todo tipo para llegar al Zócalo de la ciudad de México el 27 de noviembre, en defensa de la soberanía nacional y contra el neoliberalismo.

La Jornada 22 de noviembre de 2003

El traje del emperador

José Antonio Almazán González.

Después del fracasado albazo legislativo para imponer la privatización del sector eléctrico, y una vez que la gran mayoría de los senadores priístas manifestó su rechazo tanto a la reforma de los artículos 27 y 28 constitucionales como a la privatización del mercado eléctrico -es decir, a la propuesta privatizadora que el presidente Vicente Fox envió al Congreso de la Unión en agosto de 2002-, el presidente del Partido Revolucionario Institucional intentó cubrir parcialmente su derrota convocando a una reunión de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional del PRI en la que se leyó, sin ser aprobado, el documento Análisis y presentación de criterios para la discusión de reformas del sector eléctrico nacional, con el cual se pretendía conciliar las posiciones de los privatizadores con la declaración de principios y el programa de acción del PRI.

Así, por un lado se estableció que "la modificación propuesta por Fox al artículo 27 constitucional abarcó tres conceptos que han sido rechazados por el PRI", pues: a) al "suprimir del texto constitucional los conceptos de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer, para sustituirlos por el concepto de servicio público, podría permitir que en el futuro leyes secundarias contravinieran el espíritu del texto constitucional, abriendo así el sector a la participación indiscriminada del capital privado"; b) la propuesta de Fox "implica la privatización de un segmento del mercado eléctrico, justamente el de los grandes consumidores, que tendría dos graves consecuencias para el desarrollo del país:" al afectar a "la enorme mayoría de usuarios, destacadamente la pequeña y mediana industria", y al vulnerar la rectoría del Estado, "en virtud de que los particulares crearían mercados excluyentes, con ventajas para las regiones próximas a las fuentes de energía primaria y a las plantas de generación eléctrica"; c) el acceso y uso no discriminatorio de la red nacional de transmisión y de las redes de distribución a los generadores privados, que propone Fox, "resulta inaceptable, en razón de que concede el mismo valor estratégico a la transmisión para el servicio público que para el uso de los particulares, lo que pone en evidencia la intención privatizadora de la iniciativa del Presidente".

Sin embargo, contradiciendo sus principios y programa, en la parte denominada criterios generales, en su inciso d), el documento del Revolucionario Institucional propone: "Limitar expresamente el porcentaje de generación proveniente de proyectos de la iniciativa privada, bajo las figuras legales, tanto a nivel nacional como regional", y más adelante, en su inciso h) plantea: "Modificar el marco jurídico vigente para garantizar certidumbre a todos los participantes del sector, tanto públicos como privados, tanto productores como consumidores, con reglas claras que eviten la simulación".

A partir de estos elementos contradictorios en el discurso del Revolucionario Institucional, el gobierno de Fox maneja que existe un consenso para avanzar en la privatización eléctrica y mediante el documento Necesidades del sector eléctrico y criterios para una reforma, se plantea despejar "cualquier duda sobre la constitucionalidad para que los productores independientes generen energía para su entrega al Estado", y cínicamente propone legalizar lo ilegal.

Para ello ha lanzando nuevamente una millonaria campaña mediática a base de espots, cuyo mensaje es ridículo y demagógico, buscando convencer al pueblo de México de que la privatización es benéfica para el país. En suma, alardeando que su reforma eléctrica es "un traje a la medida para nuestro país", como en el famoso cuento de Andersen: "El traje nuevo del emperador", cuando es de reconocimiento público que el dichoso traje, es decir, las llamadas "reformas estructurales" (energética, laboral, fiscal y otras) son las instrucciones impuestas y aceptadas con agrado por los gobiernos neoliberales (Salinas-Zedillo-Fox) con el Banco Mundial, como puede verificarse en los textos México documentos estratégicos, de diciembre de 1994, y Una agenda integral de desarrollo para la nueva era, de noviembre de 2000.

Frente a estos intentos privatizadores de los vendepatrias, en las semanas recientes se ha levantado un amplio abanico de fuerzas sociales, políticas, sindicales y campesinas en defensa de la soberanía nacional y contra el neoliberalismo, que desde todo el territorio nacional confluirán el 27 de noviembre en el Zócalo de la ciudad de México, para afirmar con dignidad: ¡La patria no se vende!

La Jornada, noviembre 9 de 2003

La exclusividad nacional eléctrica

José Antonio Almazán González

Según el presidente Vicente Fox, su iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales no pretende privatizar la industria eléctrica nacionalizada. ¡La patria no se vende!, respondió molesto a un ciudadano mexicano que lo cuestionó en un acto público. Sin embargo, conviene contrastar sus dichos con los hechos, para situar sus verdaderas intenciones y develar lo falaz de sus afirmaciones. Veamos:

1. El párrafo sexto del artículo 27 constitucional establece: ''Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines''.

La propuesta de Fox señala: ''Corresponde exclusivamente a la Nación la prestación del servicio público de energía eléctrica, en los términos que establezca la ley; en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dicho fin. Los particulares podrán generar energía eléctrica para consumo propio y para el Estado, así como generar electricidad y prestar servicios a los usuarios cuyo consumo rebase los mínimos previstos en la ley y cumplan con los requisitos que ésta establezca; el Estado garantizará el acceso y uso no discriminatorio de la red nacional de transmisión y de las redes de distribución''.

Salta a la vista la mutilación constitucional que pretende Fox: 1) desaparecer la exclusividad nacional sobre actividades sustanciales en la prestación del servicio público, definidas desde 1960; 2) dejar a una ley secundaria lo que es materia constitucional; 3) otorgar rango constitucional a la participación del capital privado en la generación, conducción, transformación distribución y abasto de energía eléctrica.

2. En materia eléctrica ni siquiera Salinas se atrevió a tanto. En diciembre de 1992, para cumplir los compromisos pactados en el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos (TLCAN), se optó por una reforma a la Ley del Servicio Público de energía eléctrica para abrir las puertas al capital privado, a través de la figura de productor independiente, que vendería su generación a Comisión Federal de Electricidad.

En el Anexo 602.3 de dicho tratado el Estado mexicano se reservó la prestación del servicio público de energía eléctrica ''incluyendo la generación, conducción, transformación; distribución y venta de electricidad'' en términos de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.

Como se puede observar, la iniciativa foxista va más allá de lo pactado en el TLCAN e implica una revisión unilateral del mismo en beneficio del gran capital extranjero.

3. La derecha en el poder cree que es posible modificar la Constitución en cualquier sentido. Pero no es así. La historia del Congreso Constituyente de 1917 nos demuestra el sentido inequívoco con que fue creado el artículo 27 constitucional: 1) para establecer la propiedad originaria de la Nación sobre las tierras y aguas; 2) para decretar el dominio inalienable e imprescriptible de la nación sobre las riquezas del subsuelo y sus aguas. Específicamente el párrafo sexto del artículo 27 sólo ha sido modificado en cuatro ocasiones: en 1939 para elevar a rango constitucional la expropiación petrolera; en enero de 1960 para reconocer el dominio directo de la Nación sobre su plataforma continental, zócalos marinos y aguas marítimas interiores; en diciembre de 1960 para elevar a rango constitucional la nacionalización de la industria eléctrica, y en 1975 para otorgar este reconocimiento a la energía nuclear. Todas estas reformas han sido positivas, es decir, para enriquecer y fortalecer principios fundamentales del proyecto de nación contenida en la Constitución.

De ahí que la iniciativa foxista de reforma a los artículos 27 y 28 constitucional va más allá de la materia eléctrica. En los hechos se trata de destruir un pilar constitucional fundamental: la soberanía nacional en materia energética plasmada en el párrafo sexto del artículo 27. Por tal razón, la contrarreforma constitucional foxista en materia eléctrica se ubica dentro de los planes estratégicos geopolíticos del gobierno de Bush y de los lineamientos del Banco Mundial para el caso de México, para quienes soberanía y nación, además de antiguallas del pasado, constituyen firmes obstáculos en sus proyectos de dominación continental.

Publicado en el periodico La Jornada el 01 de Octubre de 2002.

EL DOGMA DE LA PRIVATIZACIÓN ELÉCTRICa

José Antonio Almazán González
Sindicato Mexicano de Electricistas

Una destructiva ola privatizadora recorre el planeta. Originada en los grandes centros imperiales y al servicio de un puñado de grandes multinacionales, el paradigma de la privatización se intenta presentar e imponer como la única alternativa posible para el desarrollo económico social y cultural de las naciones del mundo. Desde los epicentros de poder mundial, a través de sus agencias internacionales y sus agentes estatales nacionales, presidentes, ministros y secretarios de Estado, el dogma privatizador busca imponerse sobre pueblos y naciones. Criticando de dogmáticos e ignorantes a aquellos que defienden patria, nación y soberanía y argumentando que dichos conceptos constituyen reliquias del pasado, los teóricos de la privatización pregonan que la única salida es la integración a la llamada globalización, que no es otra cosa más que el proceso salvaje de reestructuración del capital a nivel mundial.

Pero la realidad es más terca que una mala teoría y los saldos de la globalización y su ola privatizadora están hoy a la vista de todos y en cada uno de los rincones del planeta donde este nuevo jinete apocalíptico ha hecho acto de presencia: hambre, desempleo, crecientes niveles de insalubridad, aparición de enfermedades que habían sido erradicadas, pérdida de niveles de vida resultado de décadas de lucha, cerrazón al acceso a la educación, millones de familias sin tierra y sin techo; guerra y violencia en contra de pueblos y naciones. En resumen, millones de seres humanos condenados a vivir un infierno, sin esperanza y futuro. Todos, sacrificados en el altar de los nuevos amos del planeta: las grandes corporaciones financieras internacionales, el supra estado multinacional que han venido conformando y su nueva ideología: el neoliberalismo y el libre mercado.

Las inconsistencias del modelo privatizador

Como alguno de los principales teóricos de la privatización eléctrica lo ha planteado, la electricidad es hoy una "necesidad crítica" pues, " Las fuentes económicas y confiables de electricidad hacen posibles muchas de las mercancías y de los servicios que asociarnos a la vida moderna y que han jugado un papel importante en el desarrollo económico del siglo 20. Desde la luz eléctrica, los motores eléctricos, y los hornos de microondas, hasta la televisión, los teléfonos, y las computadoras, la electricidad es una necesidad crítica que apoya una amplia gama de actividades de consumo, transporte y producción". De acuerdo con Paul Joskow, los sectores eléctricos alrededor del mundo representan aproximadamente $1 billón de dólares en venta anual y aproximadamente $200 mil millones de dólares en inversión anual. Sin embargo, más allá de estos datos económicos que dan muestra clara del "nicho" de ganancia que la industria eléctrica representa para el capital multinacional, la electricidad constituye un servicio público esencial para el bienestar del individuo y la sociedad.

Desde el ángulo de los teóricos de la privatización son dos los elementos centrales que cuestionan la naturaleza clásica de la industria eléctrica a nivel mundial: por un lado señalan que ésta ha dejado de ser un "monopolio natural", y por otro, se argumenta la ineficiencia de la empresa pública eléctrica en la prestación de este servicio. Como lo señala Paul Joskow, durante casi un siglo el sector eléctrico fue concebido "como una industria de monopolio natural donde la producción eficaz de la electricidad requirió de la confianza en proveedores monopólicos públicos ó privados sujetos a la reglamentación gubernamental de precios, insumos, inversiones, calidad del servicio y otros aspectos de comportamiento". Desde hace más de una década el carácter de monopolio natural de la industria eléctrica ha sido severamente cuestionado por las agencias financieras de los centros imperiales (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial) que han diseñado cambios tendientes a introducir la competencia en el segmento de la generación eléctrica y a "reformar la reglamentación de, las funciones de la transmisión y distribución que continúan siendo vistas como monopolios naturales a los que se exige acceso no discriminativo para apoyar la competencia en el segmento de generación."

Este modelo de libre competencia que busca implementarse en la industria eléctrica a nivel mundial, parte de considerar a las empresas públicas de los países en desarrollo como ineficientes, con costos altos y baja confiabilidad en el suministro de la energía eléctrica. Sin embargo, aún cuando dentro de la propia lógica del pensamiento neoliberal privatizador, el propio Joskow "evita cualquier difamación de las compañías propiedad del estado o cualquier santificación de la ola de liberalización", la principal limitación del esquema teórico de la privatización en la industria eléctrica consiste en ignorar las circunstancias y las necesidades que dieron origen a las empresas públicas eléctricas, así como el papel fundamental que jugaron en el proceso de acumulación de capital del modelo de libre competencia capitalista.

Como diversas investigaciones históricas y sociológicas lo demuestran, las empresas públicas eléctricas surgieron ante la incapacidad del capital privado para satisfacer los requerimientos y las necesidades de desarrollo económico social en los países atrasados y dependientes, así como para resolver las necesidades que la propia lógica de acumulación de capital imponía frente a la crisis del modelo exportador de libre mercado.

Como bien lo precisa James Petras, "Las empresas públicas fueron elementos esenciales para el crecimiento de la industria privada". Agregando: "Las fortunas que se amasaron vía promoción estatal de actividades productivas fueron la base para el modelo exportador y empresas conjuntas que realizan muchos de los grandes empresarios neoliberales actuales. Sin el gran empujón del sector público, para establecer infraestructura básica e industria, y sin el financiamiento del estado, es difícil imaginar dónde estaría el libre mercado en este momento." "En resumen, -nos dice James Petras- las empresas de propiedad pública surgieron, y en ocasiones reemplazaron la actividad privada, debido a causas pragmáticas, más que ideológicas, Simplemente fue una forma más eficiente de diversificar la economía, estimulando la recuperación económica, movilizando la capacidad ociosa que había generado el fracaso del modelo de mercado exportador anterior."

El dogmatismo de los ejecutores de la privatización

A estas inconsistencias del modelo teórico de la privatización se le agrega la arrogancia y el dogmatismo de los ejecutores de este modelo privatizador. Haciendo una deliberada mala lectura de los textos teóricos de la privatización; despreciando la opinión de los técnicos, de los trabajadores electricistas y de la sociedad en su conjunto, los ejecutores de la privatización aplican a rajatabla modelos de privatización que ni siquiera en sus países de origen han dado resultado.

El mismo Joskow en su ensayo "Sectores eléctricos en transición" y asesores en la privatización eléctrica como Sally Hunt y Graham Shuttleworth en su libro "Competencia y elección en electricidad" establecen claramente que el proceso de reestructuración y desregulación en la industria eléctrica y su eventual privatización requiere para su aplicación partir de un diagnóstico previo del sector eléctrico o empresa eléctrica susceptible de ser reestructurado y/o privatizado.

De manera más específica cuando, por ejemplo, Joskow plantea las "reglas comunes que deben guiar la dirección de la reforma del sector eléctrico" a continuación es lo suficientemente claro para señalar que "...esta "regla normal" variará de país en país dependiendo de los atributos de la estructura y el rendimiento del sistema existente, el tamaño del sector de energía eléctrica, de la madurez de las instituciones comerciales del mercado, del estado del sistema legal que gobierna el contrato y su entrada en vigor, de la extensión de la red de transmisión y sus imposiciones de operación asociadas, y de imposiciones políticas que gobiernan la reasignación de costos y beneficios entre los grupos de interés asociados con la reestructuración."

En el caso de México el dogmatismo, autoritarismo y compromisos externos que atan al Ejecutivo Federal con el Banco Mundial lo ha llevado a plantear un modelo de reestructuración y privatización del sector eléctrico carente de ese diagnóstico y copia fiel del modelo inglés; y como veremos más adelante, en el curso mismo de este Seminario Internacional, las experiencias de reestructuración y privatización han conducido a situaciones negativas en Inglaterra y desastrosas en el caso de Chile y Argentina, por citar solo algunos ejemplos.

La privatización de las empresas públicas eléctricas una necesidad del desarrollo del capitalismo neoliberal.

Sin embargo, más allá de las inconsistencias teóricas y el dogmatismo en la aplicación del modelo privatizador, lo cierto es que la lógica de la privatización eléctrica no responde a necesidades reales de las empresas eléctricas públicas locales. Obedece a las necesidades de los centros imperiales, las grandes corporaciones multinacionales y sus agencias ejecutivas como son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

De acuerdo con el mapamundi de las Multinacionales eléctricas elaborado por la Internacional de Servicios Públicos, el mercado eléctrico mundial, pero también el agua y el gas, está dominado por un puñado de 43 grandes multinacionales, de las cuales 29 de ellas tienen presencia en 2 o más continentes. Dentro de este grupo destacan 12 grandes multinacionales con presencia en 4 continentes: la National Power, AES, Edison International, Enrom, Suez Lyonnaise, Tractebel, GdF, EDF, GPU, NRG, Vivendi y Unión Fenosa.

Este puñado de multinacionales eléctricas se apoderó del mercado eléctrico de Europa del Este a la caída del bloque socialista de la URSS y tiene una presencia activa y determinante en los procesos de privatización abiertos en América Latina a partir de la década de los 80's.

El interés de este selecto grupo de multinacionales eléctricas no está centrado en resolver los problemas de desarrollo económico y social de los países atrasados y dependientes a partir del desarrollo de sectores eléctricos planeados y eficientes, sino en controlar un mercado eléctrico mundial cuyas ventas ascendieron a un billón de dólares en 1998.

El mapamundi eléctrico y sus contradicciones

Conforme a una reciente encuesta que el Banco Mundial aplicó en 115 países para supervisar el desarrollo del proceso de privatización, los datos que arroja nos muestra un panorama contradictorio y desigual.

Destaca en primer lugar que 42 países (que representan el 36.5% del total) no han dado un solo paso en el proceso de privatización. Un 44% ha, iniciado el proceso de privatización mediante su corporatización y comercialización. Un 2,9% ha implementado la regulación de sus sistemas. Un 33 % ha establecido leyes que permiten la participación del capital privado. Un 35% ha iniciado un proceso de reestructuración en las empresas eléctricas. Un 40% ha abierto el sector eléctrico concesionándolo a la inversión privada y solo un 25 % ha completado el proceso de privatización eléctrica mediante la venta total de los activos existentes.

Los resultados por continente de la encuesta aplicada por el Banco Mundial nos muestra que en el caso de América Latina el proceso privatizador ha avanzado más rápidamente que en otras partes del mundo (71%): en el Sudeste Asiático un 50%, en Europa y Asia Central un 45%, en el Este de Asia y el Pacífico, un 4 1 %, en el Medio Este y Norte de, Africa un 17% y en SubSahara Africa, la tendencia apenas alcanza un 15%.

Este proceso desigual no es fortuito. Respondiendo a la lógica del capital, las presiones privatizadoras se expresan de manera acentuada en el caso de América Latina, en tanto mercado emergente, y en menor medida en Africa en virtud de su baja tasa de crecimiento de la demanda eléctrica efectiva.

Caso aparte es el continente Europeo. Cuna del neoliberalismo y de los paradigmas privatizadores, los Estados Nación europeos se cuidan bastante de no aplicar en sus países las recomendaciones que publicitan a escala planetaria: de tal manera que estos Estados siguen manteniendo un alto nivel de gasto público (50%) y el control de áreas estratégicas, que como la electricidad, son vitales en sus proyectos de expansión imperial a nivel mundial.

Sin embargo, el aspecto más relevante de esta encuesta elaborada por el Banco Mundial consiste en reconocer que el proceso de privatización no es un hecho consumado y mucho menos inevitable. Atrás de los datos manejados por el Banco Mundial, que muestran una tendencia desigual y contradictoria en el proceso de privatización eléctrica, se encuentra una férrea lucha de resistencia de pueblos, naciones, sindicatos, grupos sociales y ciudadanos frente a. los proyectos imperiales, convencidos de que el servicio público de energía eléctrica es un bien esencial para el bienestar individual y el desarrollo económico y social y no una simple mercancía.

Hacia un nuevo modelo de empresa pública.

El rechazo a la ola destructiva privatizadora no implica el regreso a la vieja empresa pública. La defensa de la propiedad nacional en la industria eléctrica no significa la defensa de la vieja empresa eléctrica pública con sus vicios de corrupción, ineficiencia, burocratismo y subsidiadora de la. acumulación de capital, etc., Las experiencias de resistencia frente a las tendencias mundiales de la privatización eléctrica nos muestra igualmente que se abre paso un nuevo modelo de empresa eléctrica pública, algunos de cuyos atributos, expuestos de manera resumida, pueden ser los siguientes:

• Democratizando la empresa pública

A través de consejos consultivos en el que participen representantes de los usuarios, de los trabajadores electricistas, de las organizaciones locales y regionales, del Estado y de las empresas, Estas comisiones o consejos consultivos tendrían carácter regional, estatal y nacional y estarían encargadas de dar opiniones sobre la regulación del sistema en particular sobre el monto y destino de las inversiones, las tarifas, el empleo, la inserción en el tejido local, el respeto del medio ambiente, la calidad del servicio, etc. El objetivo central de este proceso de democratización de la empresa eléctrica pública sería entregar a la colectividad el poder de decisión e impedir transferencias financieras de los pequeños usuarios hacia los grandes consumidores por el intermedio de tarifas.

• Manteniendo y profundizando su carácter social, reconociendo el servicio público de energía eléctrica como un bien esencial para el bienestar social e individual, por ejemplo:

A través de tarifas eléctricas gratuitas hasta cierto nivel de consumo

Mediante tarifas eléctricas subsidiadas hasta cierto nivel de consumo

• Modernizándolas y elevando la calidad del servicio, para convertirlas en palancas firmes de un desarrollo nacional independiente y soberano, en el marco de un plan nacional energético.

• Garantizando su autonomía de gestión, para impedir que su administración quede sujeto a las decisiones políticas coyunturales, sexenales, presupuestales o de grupo.

• Finalmente, el carácter de necesidad crítica que se reconoce a la electricidad, en tanto un bien básico, indispensable y fundamental para el bienestar del individuo y la sociedad, nos lleva a reflexionar y "exigir el reconocimiento del carácter esencial de esta riqueza, para establecer un verdadero derecho a la energía que sería incorporada a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los Pueblos."

"Por el derecho y la justicia del trabajador"
México, D.F. septiembre de 1999

Presentado durante el Seminario Internacional

Impactos de la Privatización Eléctrica a Nivel Mundial

Estado, Desarrollo y Soberanía.

Rebelión en el SUTERM

José Antonio Almazán González

Al grito unánime de "¡Zedillo entiende, la patria no se vende!", con consignas y mantas en repudio a la privatización de la industria eléctrica, miles de integrantes del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) realizaron una combativa e histórica manifestación en la que dejaron constancia que el "consenso", pregonado por el doctor Luis Téllez en torno a la reforma a los artículos 27 y 28 constitucional, ni siquiera existe en el gremio que comanda Leonardo Rodríguez Alcaine.

1. El carácter histórico de esta manifestación electricista radica en el tiempo que ha transcurrido desde que, con el apoyo del gobierno, se dio el golpe de muerte a la Tendencia Democrática del SUTERM que dirigió Rafael Galván en los años setenta. Derrotada la huelga, sus principales dirigentes fueron obligados a jubilarse y se aplastó cualquier brote de disidencia.

Aplastada la Tendencia Democrática, el liderazgo de Fidel Velázquez se consolidó al interior de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y del Congreso del Trabajo (CT): dos aparatos sindicales fundamentales en el control corporativo estatal de millones de trabajadores. El charrismo se entronizó a partir de entonces en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

2. Habrían de pasar 23 años para que de manera tímida y cautelosa se reactivara la lucha democrática y nacionalista al interior del SUTERM. De manera aislada, secciones sindicales del sur y norte de México fueron expresando su desacuerdo con la venta del patrimonio nacional eléctrico. A través de desplegados regionales y nacionales se rebelaron contra la intención de privatización del sector eléctrico y fueron avanzando en su coordinación nacional.

Contaron a su favor con un amplio movimiento democrático que se reflejó, entre otras maneras, en la lucha de los estudiantes por una educación gratuita y democrática; de los maestros, por democracia y mejores salarios, y de los electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en contra de la privatización. Pero tuvieron que vencer fundados temores en virtud de la dictadura sindical ejercida desde la cúspide de poder de la CTM.

3. La lucha que ha emprendido el SUTERM es histórica porque se da en el corazón mismo del corporativismo y en un sindicato fundamental para la CTM, que a su vez juega un papel clave en el CT. No sobra decir que en ambos aparatos de control, Rodríguez Alcaine es secretario general y presidente, respectivamente.

El firme rechazo de las 43 secciones del norte, centro y sur del país a la privatización de la industria eléctrica nacionalizada, hizo añicos el apoyo incondicional que ha brindado el senador Rodríguez Alcaine a la iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales. La demanda de un Congreso Nacional "para que se escuche el sentir del SUTERM" coloca en primer plano la lucha por la democracia sindical al interior del gremio. La exigencia de destitución cuestiona radicalmente la legitimidad del liderazgo de La Güera Rodríguez Alcaine en el SUTERM, la CTM y el CT.

El planteamiento de aliarse con el SME y la convocatoria a un Foro Nacional en Tapachula, Chiapas, los días 26 y 27 de junio, "para contrarrestar los embates de la política neoliberal" es una buena muestra del espíritu unitario que los nutre. Todos estos elementos indican el alcance histórico de la lucha emprendida por los electricistas del SUTERM, cuyos principales componentes son la lucha nacional en defensa de la soberanía eléctrica y democracia sindical.

4. ¿Cuáles serán los "argumentos" de Téllez para descalificar el rechazo del SUTERM a la privatización eléctrica?, ¿los mismos que aplicó al SME? ¿Cuál será la respuesta de Rodríguez Alcaine?, ¿la amenaza y la represión para acallar el descontento que cunde en las filas del SUTERM?

El 31 de mayo se inicia el nuevo periodo extraordinario del Congreso de la Unión. Hasta donde se sabe, el tema de la Iniciativa de Reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales no está en la agenda. Sin embargo, el riesgo de un albazo legislativo existe, pues Téllez insiste en la urgencia de la privatización. Ante esta eventualidad, los electricistas del SUTERM han anunciado su presencia pública para esa fecha. Ahí estaremos.

Publicado en el periódico La Jornada martes 25 de mayo de 1999.

Privatización y respuesta obrera

José Antonio Almazán González

1.- Uno de los rasgos centrales de la repulsa generalizada a la pretensión de privatizar en forma radical la industria eléctrica es el papel fundamental que la clase trabajadora, encabezada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ha jugado en la estructuración de este rechazo político y social a la entrega de soberanía y patrimonio nacional eléctrico.

Esta singular combinación de lucha en defensa de la soberanía nacional y movilización callejera abanderada por contingentes obreros, constituye uno de los mayores dolores de cabeza del grupo de tecnócratas en el poder. No sólo por su impacto hacia el conjunto de la llamada sociedad civil, que ve en la lucha dirigida por el SME la esperanza de avanzar en la construcción de una alternativa amplia y nacional a la política neoliberal, sino también por el impacto político que la respuesta orquestada por el SME ha tenido al interior del PRI, manifestada en la rebeldía de sus corrientes políticas, senadores y diputados, frente a la contrarreforma constitucional en materia eléctrica.

2.- No obstante, la mayor preocupación del gobierno radica en que esta especial mezcla de movilización obrera y defensa de la nación, gira en torno a un sector que por su tradición progresista y democrática y su peso estratégico en la economía y la política, puede desempeñar un papel clave en la lucha por democracia sindical al seno del Congreso del Trabajo (CT).

El gobierno de Zedillo hizo un cálculo político equivocado. Apostó a una respuesta débil por parte del SME y un apoyo incondicional de la dirección del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM). Sin embargo, la sumisión del secretario general del SUTERM ha provocado una creciente rebeldía al seno de sus filas, prueba de ello son las movilizaciones realizadas por los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad en distintas partes del país (Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Campeche, Tula, Valle de México, Baja California Sur, Rosarito, Hermosillo, Monterrey, Manzanillo, etcétera), en defensa de la industria eléctrica nacionalizada y en demanda de democracia sindical; y la posición asumida por 28 secciones del SUTERM en dos importantes desplegados públicos (El Imparcial y La Jornada, 18 y 21 de abril) en los que manifiestan su rechazo rotundo a la reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales.

La valerosa respuesta de los electricistas del SUTERM cobra mayor importancia, pues se da en un sindicato de férreo control corporativo y frente a un secretario general, el senador Leonardo Rodríguez Alcaine, que a la vez ocupa la secretaría general de la CTM y es presidente del CT; lo que conlleva un severo cuestionamiento a estos tres niveles de control del aparato corporativo sindical.

3.- En contraste con el apoyo incondicional de la dirección del SUTERM a la iniciativa privatizadora, la rápida respuesta del SME, convocando a la organización de un gran Frente Nacional de Resistencia en defensa de las conquistas nacionales, permitió organizar en pocas semanas un amplio abanico social y político, en repudio a la privatización que se expresó en 2 millones 300 firmas que el SME entregó al Congreso de la Unión y en la magna manifestación del 18 del marzo que concentró a cientos de miles de trabajadores, colonos, estudiantes y ciudadanos en general.

Como se demostró en la asamblea magna del SME del 6 de abril, entre los electricistas existe un repudio generalizado a las prácticas corporativas, antidemocráticas y serviles del CT. En esta asamblea, en medio de una rechifla ensordecedora a Rodríguez Alcaine, sólo faltó que se votara la salida del SME del CT.

4.- En este contexto de crisis profunda del CT y de rebeldía en uno de sus principales agrupamientos, la creación y fortalecimiento del Frente Nacional de Resistencia en Contra de la Privatización de la Industria Eléctrica (FNRCPIE) --que ha logrado conformarse en más de la mitad de los estados de la República--, constituye un firme bastión en defensa de la soberanía nacional y un polo fundamental en el proceso de reorganización democrática de la clase trabajadora.

Como podremos constatar en este Primero de Mayo está en marcha un profundo proceso unitario democrático en la clase trabajadora mexicana. Por primera vez en muchos años, los contingentes de la UNT, Fesebes, SME, FSM y FNRCPIE y de la Intersindical Primero de Mayo, integrarán una sola columna en rechazo al modelo económico neoliberal, en contra del corporativismo sindical, por democracia sindical y en repudio a la privatización de la industria eléctrica nacionalizada.

Publicado en el periodico La Jornada martes 27 de abril de 1999.