Conferencia en Casa Lamm.

El gobierno impulsa la descapitalización de Pemex

Israel Rodríguez

Petróleos Mexicanos (Pemex) sufre una descapitalización planeada, deliberada y criminal orquestada por el gobierno federal para facilitar su privatización. Ahora, el siguiente paso será impulsar cambios constitucionales para permitir la incursión del capital privado en todas las áreas operativas de la segunda empresa más rentable del mundo, advirtieron especialistas.

Al participar en el foro México después del 2 de julio, el mundo actual, con el tema: “Saqueo a Pemex por el Estado y privilegios fiscales a los más adinerados, un círculo vicioso”, organizado por la Casa Lamm y La Jornada, Mario Di Costanzo alertó que se está creando un concepto y todas las condiciones con lo que se pretende justificar y abrir a Pemex a la inversión privada. “Este sería el más grande error que se cometa”, advirtió el titular de la hacienda pública del “gobierno legítimo”, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Preparan impugnaciones

El diputado del PRD, José Antonio Almazán, anticipó que organizaciones sociales y civiles, encabezadas por legisladores que provienen del sector energético, especialmente del Sindicato Mexicano de Electricistas, llevarán a cabo una “acción federal”, consistente en impugnar por la vía jurídica constitucional todo el proceso de entrega del patrimonio nacional. “Este recurso se utilizará aprovechando las debilidades de las leyes secundarias modificadas en materia de electricidad y petróleo”, adelantó.

La estrategia consiste, explicó, en remarcar la inconstitucionalidad en materia energética que contienen todos los permisos que ha otorgado la Comisión Reguladora de Energía en generación de energía eléctrica y, por supuesto, todo el proceso inconstitucional de licitar lo que es un patrimonio de exclusividad nacional en materia petrolera.

Indicó: “Esto forma parte del programa de acción de muchas organizaciones sociales, civiles y sindicales con estricto apego a la ley y con el respaldo que nos da la Constitución”.

A su vez, Claudia Sheinbaum, secretaria de Patrimonio Nacional del “gobierno legítimo”, aseveró que desde hace 20 años prácticamente no ha habido inversión pública en el sector energético.

Mencionó que la riqueza petrolera se está dilapidando. Cerca de 55 por ciento de la producción de crudo de Pemex se destina a la exportación, y de este total 90 por ciento se va a la reserva estratégica de Estados Unidos, convirtiendo a México en el cuarto proveedor de petróleo del país.

Publicado en LaJornada el 5 de Septiembre de 2007.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la LOAPF y LSPEE (2)

El que suscribe, José Antonio Almazán González, diputado federal de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y modifica los artículos 25, 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, relacionados con las tarifas eléctricas.

Exposición de Motivos

El alto nivel de los cargos de las tarifas eléctricas en nuestro país ha venido convirtiéndose en un impedimento para su desarrollo económico y en un flagelo para los sectores de la población más vulnerables. Lo anterior se ha manifestado a través de múltiples denuncias de los diferentes usuarios del servicio de energía eléctrica, muchas de ellas recogidas en el centenar de puntos de acuerdo presentados por legisladores de distintos partidos políticos.

También ha producido la formación de organizaciones de resistencia contra esos altos cargos en diferentes partes del país, así como la realización frecuente de manifestaciones públicas y otras expresiones del malestar social más ásperas, como la negación al pago de la facturación eléctrica, las apagones masivos o la toma de oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, que nos indican el grado de irritación generado.

Particular referencia merece la situación del sector con débiles ingresos, el cual constituye un amplio sector en nuestro país y se ha venido ampliando con la aplicación de políticas económicas conocidas como "neoliberalismo".

En reconocimiento de la existencia de este sector, a partir de la nacionalización de la industria eléctrica, el Estado mexicano aplicó una política de solidaridad social, instaurando una estructura de tarifas eléctricas con bajos cargos para los usuarios pertenecientes a ese sector. Esa solidaridad se ha ido abandonando en las últimas administraciones federales; una expresión notoria de este abandono fue la expedición por la administración del licenciado Vicente Fox del acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2002, mediante el cual se reduce el subsidio para los usuarios domésticos, lo que representó una elevación en la facturación eléctrica, que erosionó las economías familiares de la mayor parte de la población, con mayor severidad para los habitantes de climas extremosos.

Lo anterior muestra que las denominadas políticas neoliberales, por una parte, han ensanchado el sector de débiles ingresos y, por otra, a ese sector le han deteriorado más sus condiciones de vida.

Ante esa realidad social, a la Cámara de Diputados, como representación más directa de la sociedad, corresponde disponer de la información que explique las causas de estos altos cargos y aprobar las disposiciones jurídicas tendentes a proteger el interés de esa sociedad, dichas son las motivaciones de esta iniciativa.

Estamos conscientes de que actualmente el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece como criterio para fijar las tarifas eléctricas que éstas tiendan a cubrir las necesidades financieras para el servicio eléctrico. Ello implica la responsabilidad de aplicar las políticas administrativas que tiendan a obtener los menores costos de este servicio, a fin de que de ello se beneficie la sociedad. Contrariamente, el Ejecutivo federal, en uso de sus facultades, viene aplicando políticas que encarecen este servicio. Ejemplos de eso los presentamos a continuación:

La información existente sobre los costos de explotación muestra que 70 por ciento de estos costos lo constituyen actualmente los combustibles, y que una política racional sería emplear los combustibles de más bajo costo, como se practica en otros países.

En diversos foros se indica que el precio de la energía eléctrica es menor en Estados Unidos que en México, sin ser esto del todo exacto: generalmente se omite que en ese país 53 por ciento de su generación eléctrica se lleva a cabo utilizando como energético el carbón mineral, que tiene un precio por unidad térmica de la cuarta parte del precio del gas natural, que es el energético que más se utiliza en México. Brasil, con abundancia en recursos hidráulicos, genera 85 por ciento de su electricidad utilizando ese recurso como energético.

Esos dos países, con niveles de economía diferentes, aplican la racionalidad de utilizar el energético que poseen en mayor abundancia y de menor precio.

En México, contrariamente, se ha aplicado la política de emplear en mayor proporción el gas natural para generación de electricidad (36 por ciento de la generación), un energético del que somos deficitarios y que presenta un precio volátil con tendencia al alza, y del que incluso se planea intensificar el empleo.

Las actividades económicas no obtienen las ventajas competitivas que debería proporcionarles nuestra situación como país productor de hidrocarburos; tampoco la población obtiene beneficios relacionados directamente con su economía familiar.

Otro factor que incide en los costos es la dependencia creciente de la adquisición de energía eléctrica generada por particulares para el servicio público, dadas las condiciones de los contratos respectivos, en los que existe un cargo fijo que la Comisión Federal debe pagar, independientemente de que se adquiera o no energía, obliga a adquirirles grandes volúmenes de esa energía para lograr un precio medio por kilovatio/hora comparable con el costo de generación de las plantas de la comisión, y se justifique la compra de esa energía.

Lo anterior da como resultado que las plantas de la comisión las operen a bajos factores de carga o incluso mantenerlas en reserva, lo que ocasiona incremento en los costos operativos que repercuten en los cargos de las tarifas.

Destaca también el hecho de que el sector eléctrico público actualmente presenta un margen de reserva de 48 por ciento (diferencia entre la capacidad de generación eléctrica instalada y la demanda máxima) reconocido en los informes del sector, cuando el recomendado por la propia Secretaría de Energía es de 27 por ciento.

Ello significa que tenemos alta inversión innecesaria, ociosa, la cual genera altos intereses, que se transfieren a los costos de las tarifas.

El acuerdo publicado el 7 de febrero de 2002 incluye como considerando para justificar la reducción del subsidio al servicio doméstico, que las empresas públicas de energía eléctrica, cuenten con recursos suficientes para atender la demanda creciente de electricidad, los hechos muestran que ese fue un pretexto y que el interés de apoyar con recursos a las empresas públicas realmente no existe, sustentamos esta afirmación en lo siguiente:

De acuerdo con la Ley de Ingreso Federales (publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2007), los ingresos estimados para 2007 de la Comisión Federal de Electricidad serán de 216 mil 261 millones de pesos y según el Presupuesto de Egresos Federal (publicada en el DOF el 28 de diciembre de 2007) se le asigna un presupuesto de 191 mil 236 millones de pesos, o sea que ni los recursos que genera se le permite ejercer.

En el caso de Luz y Fuerza del Centro, en el intercambio de energía con la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaria de Hacienda le impone la adquisición de energía eléctrica a un precio que no refleja el equilibro con las tarifas eléctricas, lo que la hace aparecer en una posición débil en los estados de resultados y balances financieros.

Ante una planeación y la aplicación de políticas en el sector eléctrico, que dan como resultado incrementos en los costos del servicio que se transfieren al usuario del servicio de electricidad, la Cámara de Diputados debe someter a su escrutinio la composición de esos costos, y que los mismos no sólo corran a cargo de los usuarios, sino que se implante mecanismos para que en las finanzas del gobierno federal se perciban los efectos de esas políticas, no se elude que a su escrutinio también deben quedar los índices de desempeño de los organismos públicos del sector.

El criterio de fijar las tarifas considerando los costos en que se incurre para proporcionar el servicio de energía eléctrica corresponde a una racionalidad económica, pero debe confrontarse con la racionalidad social, lo que significa que la aplicación generalizada de esa racionalidad económica sólo es viable si toda la población tuviera capacidad adquisitiva para ello, lo cual dista mucho de la realidad de nuestro país, con millones de mexicanos en situación de pobreza, a los que debe proporcionarse este servicio indispensable para la subsistencia, a precios acordes con su capacidad económica.

Mientras esa situación persista, una política de subsidios es insoslayable, la que por sus efectos presupuestales, como por la sensibilidad con que debe aplicarse, la Cámara de Diputados debe aprobar, como ocurre con otros subsidios.

De acuerdo con los informes de gobierno, incluido el último del ahora ex presidente Vicente Fox, todas las categorías de usuarios se encuentran subsidiados, incluidos los grandes industriales, sin embargo, del origen y las implicaciones de estos subsidios, no dan cuenta los proyectos de presupuesto enviados por el Ejecutivo federal, toda información al respecto está omitida, por lo cual la Cámara de Diputados ha quedado impedida de evaluar la justeza de dichos subsidios, que según el último informe de gobierno alcanzan 107 mil millones de pesos.

En nuestra propuesta se sigue confiando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad la estructuración y fijación de las tarifas, por reconocer que se trata de una tarea compleja, especializada y con incidencias en las finanzas públicas, la Cámara de Diputados intervendrá para transparentar los criterios de asignación de costos a las diferentes tarifas, el nivel de los mismos y para establecer los subsidios, verificando la correspondencia de los mismos con la realidad social y para prever los equilibrios presupuestales, que constitucionalmente se le han conferido.

No pasa inadvertida la existencia de concepciones sobre una nueva relación entre el Ejecutivo federal y los organismos del sector energético, incluyendo cambios en la naturaleza jurídica y facultades de otros organismos del sector, dentro de las cuales resultara más idóneo transferir la facultad de aprobar las tarifas eléctricas a otra instancia distinta a la Secretaría de Hacienda, sin embargo el diseño de un nuevo marco jurídico en el sector energético, es una aspiración que no se percibe se pueda alcanzar en el corto plazo, y por las evidencias y razones presentadas, en la exposición de motivos, apremia la introducción de factores de equilibrio que atiendan la conflictividad social generada por las tarifas eléctricas.

En concordancia con la motivación expuesta, me permito proponer a esta soberanía una iniciativa de ley consistente en reformas de diversas disposiciones relacionadas con las tarifas para el suministro del servicio de energía eléctrica, que se describen a continuación.

Descripción de las reformas propuestas

Se propone reformar la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objetivo de acotar la facultad exclusiva que actualmente se confiere a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fijar las tarifas de servicios de la administración pública federal, y hacerla congruente con las modificaciones propuestas en las leyes específicas de la materia, en las que se señala la intervención que tendría la Cámara de Diputados.

La reforma del artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica tiene por objeto atender al reclamo social para que los organismos públicos encargados del servicio de energía eléctrica atiendan de manera eficaz y oportuna las quejas e inconformidades de los usuarios relativas a la calidad del suministro eléctrico, a irregularidades en la facturación, a la reclasificación tarifaria debida entre otros factores a temperatura y humedad y en general revisión y corrección, en su caso, de toda irregularidad en la prestación del servicio.

Por tal razón en este artículo se concede a los organismos del sector eléctrico, capacidad decisoria para resolver dichas inconformidades y para realizar los estudios técnicos para determinar los parámetros reales con que se proporciona el servicio a fin de que a los usuarios se apliquen las tarifas que justamente procedan con las consideraciones climáticas y operativas que correspondan, precisando que para ello se utilicen en primera instancia los acervos de las instituciones públicas, así como los servicios de las mismas.

Con la reforma propuesta al artículo 30 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, se precisa la participación de la Cámara de Diputados en el proceso de aprobación de los subsidios a las tarifas eléctricas, con lo cual estará en condiciones de introducir los elementos de sensibilidad social a que se hace referencia en la exposición de motivos.

Previendo el caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, suprima totalmente el subsidio a usuarios en condiciones de debilidad social, se faculta a la Cámara de Diputados para que en función de la percepción social que tenga sobre el caso pueda otorgarlos por propia iniciativa, resolviendo el equilibrio presupuestal, en los términos del artículo 18 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La reforma del artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica cubre varios aspectos, en primer término se incluye a Luz y Fuerza del Centro como organismo participante en la formulación de las propuestas de las tarifas, en consideración a su naturaleza de organismo descentralizado que al igual que la Comisión Federal de Electricidad, tiene a su cargo la prestación del servicio público de energía eléctrica de conformidad con el Decreto Presidencial que le dio origen, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 1994.

También se ha estimado pertinente sustituir la alusión ambigua a las necesidades financieras como criterio para fijar las tarifas, por términos que le den más precisión, y dentro de los costos de producción, dar un trato preferencial al precio de los hidrocarburos empleados en la generación de energía eléctrica, con lo cual serán favorecidos todos los usuarios del servicio eléctrico, obteniendo los beneficios lógicos de un país productor de hidrocarburos y compensar las desventajas competitivas frente a otras economías.

En este artículo también se plantea aplicar criterios de equidad en el intercambio de energía eléctrica entre la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, con el fin de que esta última no aparezca con una debilidad financiera, que no corresponde a una ponderación justa de su contabilidad.

Por último se precisan los aspectos más importantes del proceso de aprobación de los subsidios, entre ellos la información necesaria a fin de contar con los elementos de juicio suficientes, para tomar decisiones justas y racionales.

Entre la información requerida se incluyen los índices principales de productividad a fin de juzgar la eficiencia operativa de los organismos descentralizados del sector eléctrico, por repercutir ésa, en los niveles de los cargos de las tarifas y en lo posible la Cámara pueda coadyuvar al mejoramiento de dichos índices.

Por lo anterior, someto a la consideración de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de

Decreto mediante el cual se reforma la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y se reforman y adicionan los artículos 25, 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

Artículo Primero. Se reforma la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a IX. ...

X. Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que corresponda, con excepción de lo que se determine en otras leyes;

Artículo Segundo. Se reforman y adicionan los artículos 25 y 30 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 25. La Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro deberán suministrar energía eléctrica a todo el que lo solicite, salvo que exista impedimento técnico o razones económicas para hacerlo, sin establecer preferencia alguna dentro de cada clasificación tarifaría.

La Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro contarán con un área de atención a los usuarios del servicio público de energía eléctrica con capacidad resolutiva para atender las quejas e inconformidades relativas a la calidad del servicio, irregularidades en la facturación, reclasificación tarifaria debida a, entre otros factores, temperatura y humedad, y en general para revisar y corregir, en su caso, los parámetros de suministro eléctrico. En la sustanciación y atención de las inconformidades, las entidades públicas deberán utilizar preferentemente la información y los servicios de las instituciones públicas.

En el caso de queja por irregularidades en la facturación, éstas deberán ser atendidas perentoriamente, en lo términos del instructivo que para este efecto emitan los organismos públicos citados en este artículo. En tanto no se dé respuesta a la queja presentada, no procederá la suspensión del servicio.

El reglamento fijará los requisitos que debe cumplir el solicitante del servicio, y señalará los plazos para celebrar el contrato y efectuar la conexión de los servicios por parte de la Comisión Federal de Electricidad o Luz y Fuerza del Centro, según sea el caso.

Artículo 30. La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el caso de las tarifas que consideren subsidios a los usuarios, éstos deben ser aprobados por la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados puede otorgar subsidios que no hayan sido considerados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, resolviendo el equilibrio presupuestal, en los términos del artículo 18 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Las condiciones de la prestación de los servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y de los modelos de éstos serán aprobadas por la Secretaría de Economía, oyendo a la Secretaría de Energía. Dichas formas de contrato se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Tercero. Se modifica y adiciona el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía y de Economía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir los costos de producción, para lo cual reflejarán el costo económico de los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización, los de inversión y el racional consumo de energía. Asimismo y a través del procedimiento señalado, se podrán fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas.

Dentro de los insumos referentes al proceso de generación eléctrica, los hidrocarburos de producción nacional tendrán un precio preferente para la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, el cual cuando menos será 10 por ciento inferior al precio en el mercado nacional, y será considerado en la Ley de Ingresos federales y el Presupuesto de Egresos federales que corresponda.

En los contratos de compraventa de energía eléctrica entre la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, se tomará en cuenta el desequilibrio entre los esquemas tarifarios en alta tensión con tarifas horarias con los que se adquiera dicha energía y los esquemas tarifarios de los usuarios a quienes se distribuye la energía, que no consideren tarifas horarias o presenten diferencias en las mismas.

En los términos del Capítulo VI del Título Tercero de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el otorgamiento de subsidios a los usuarios del servicio eléctrico deberá derivarse de las disposiciones establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y deberá cubrirse con recursos que el mismo asigne para tal efecto. En dicho caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá remitir a la Cámara de Diputados para aprobación, el monto de los subsidios propuestos, para lo cual deberá acompañarse para cada rango de consumo o periodo horario según corresponda, de cada tarifa, la información desagregada de los costos y gastos actuales asignados, así como del monto del subsidio considerado.

Dentro de la información que proporcionará la Secretará de Hacienda y Crédito Público, también se incluirán los índices principales de productividad de los organismos descentralizados del sector eléctrico

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de un plazo de dos meses a partir de la publicación de este decreto, enviará la información actual para el caso de las tarifas a que hace referencia la modificación al artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Artículo Tercero. Los organismos descentralizados del sector eléctrico, dentro de un plazo de tres meses a partir de la publicación de este decreto, tendrán en funciones las áreas de atención a que hace referencia la modificación del artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y emitirán conjuntamente el instructivo respectivo.

Palacio Legislativo, a 1 de marzo de 2007.

Diputado José Antonio Almazán González (rúbrica)

AL PUEBLO DE MÉXICO A LA

CONVENCIÓN NACIONAL DEMOCRÁTICA

Este primero de septiembre se inicia un nuevo período de sesiones del Congreso de la Unión. Nosotros sabemos que fuimos electos como parte del ascenso de la voluntad popular que reclamaba y reclama un verdadero cambio en el rumbo del país, sumido ya por años en un curso neoliberal que hace más profunda cada día la desigualdad, y que se enorgullece de aquí viva el hombre más rico del mundo, sin que le importe la suerte de los millones de seres humanos que viven y mueren en la miseria.

Esos millones de mexicanos pobres piensan y quieren que cambie ese estilo especial de gobernar, que sólo se interesa en lo suyo y que menosprecia el anhelo del pueblo, el deseo de un cambio verdaderamente democrático, que no se limite a la festejada alternancia en el gobierno, sino que vea por ellos, que defienda la soberanía nacional poniendo fin a la subordinación a los intereses extranjeros y que además sea capaz de acabar con la simulación, con la impunidad, con la corrupción, con la constante violación de los derechos humanos...

Fue esa esperanza en un verdadero cambio la que hizo posible la altísima votación que nos llevó al Congreso, pero la aspiración de esa gente, era llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República y en lugar de ello sufrió la afrenta de un nuevo fraude electoral, para imponer mañosamente, un gobernante ilegítimo, un personaje gris que asegurara la continuidad de su política neoliberal, profundamente antipopular.

Para lograrlo, aquellos que en el pasado reclamaban derechos democráticos, que aunque los limitaban al respeto al voto, hoy, como en estampida pasaron por encima de todos los derechos, para imponer su política privatizadora, que arranca derechos sociales históricamente conquistados por el pueblo y que no han dudado un ápice en recurrir a la represión, emulando y a veces superando las prácticas de los peores tiempos del priísmo: Encarcelamiento ilegal, desaparición forzada; renovadas prácticas de tortura, violación de mujeres y hombres en cautiverio, y sobre todo la intimidatoria presencia del Ejército en todo el territorio nacional, que bajo el pretexto del combate al narcotráfico, llega a la creación de cuerpos inconstitucionales y lanza la amenaza de reformas legales que conviertan en crimen la protesta social.

Ante la ilegitimidad de la imposición, fuimos convocados a organizarnos en una Convención Nacional Democrática que resistiera, que luchara contra los designios de un gobierno espurio; que reconociera un gobierno -ese sí-legítimamente representativo de la voluntad popular y que luchara por medios pacíficos y con la movilización popular, contra las instituciones caducas, sucias de corrupción, que han demostrado en hechos vergonzosos su descomposición: un Instituto Electoral que justificó el fraude, un tribunal que lo avaló, un gobierno de hecho que se apoya en la militarización del país y que solapa crímenes como los asesinatos y violaciones de mujeres por integrantes del Ejército, cuyos altos mandos son beneficiados con aumentos en sus haberes, a diferencia de la situación general de los trabajadores. Una Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH que solapa crímenes, repitiendo en forma vergonzosa las palabras del usurpador de la presidencia.

Desechamos todas las ofertas políticas hechas desde el Poder impuesto que llevan la intención de conseguir aunque sea un mínimo reconocimiento, un gesto de los legisladores y representantes populares que hemos llegado al Congreso gracias al voto de quienes ansiaban un cambio. Nos debemos a ese voto y a ese apoyo popular y no tenemos madera de traidores.

Las presiones, ofertas y concesiones, son el pan de cada día y de cada hora en esta etapa difícil para los ilegítimos. Nosotros no nos hacemos parte de acuerdo alguno, que según dicen, supone civilidad, apego a la Constitución, talento y cordura. No caemos en la trampa de quienes, con estrecha visión electoralista nos dicen que una conducta radical, como la que sostuvimos el año pasado, nos desprestigia y merma votos. Lo que nos desprestigiaría y marcaría, no para una siguiente elección, sino ante la Historia, sería claudicar de nuestro compromiso democrático y por intereses personales o de grupo, dar reconocimiento en cualquier forma a quien no lo merece. Por eso en contra de acuerdos pactados que no aceptamos, no estaremos presentes en la sesión del Congreso el día que sea del Informe como nueva protesta por la imposición y la burla a la voluntad popular. Si no se considera posible una nueva acción de rechazo, por lo menos que nuestra ausencia sirva para marcar diferencias. .

Senadora Rosario Ibarra

Diputado Federal José Antonio Almazán González

LA PROPUESTA LEGISLATIVA DE FELIPE CALDERÓN, ES UN MONUMENTO A LA MENTIRA:.

ENTREVISTA AL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMAZAN GONZÁLEZ DONDE HABLO SOBRE LA REUNIÓN ENTRE MANUEL CAMACHO Y CUAUHTEMOC CÁRDENAS Y LA POSICIÓN DEL GPPRD EN MATERIA DE ENERGETICOS.

Pregunta: Oiga diputado, ¿cómo ve esta situación de que ayer hubo una reunión entre el señor (Manuel) Camacho Solís y el ingeniero Cuauhtemoc Cárdenas?, ¿ya quieren limar asperezas o qué? ¿Quiere enviar una señal diferente?

Dip. José Antonio Almazán González (AAG): Mire: aquí todos tienen el derecho de reunirse con quienes quieran. En el caso personal --daré mi opinión personal-- creo que ambos están en su derecho; ambos son figuras públicas, son figuras políticas ampliamente reconocidas y el que se reúnan es natural.

En el caso de nosotros, con quien no nos vamos a reunir es con (Felipe) Calderón. Ya señalamos que el Tribunal lo declaró presidente, su decisión es inatacable; pero por nosotros es inacatable. Con él no nos reunimos. Pero de ahí en fuera vamos a platicar con todos, con todos aquellos que tengan puntos de coincidencia en la necesidad de construir un solo frente, para oponernos a los usurpadores.

Pregunta: Oiga diputado, ¿pero esta reunión puede ser para limar asperezas, para evitar ese distanciamiento entre Cuauhtemóc Cárdenas, los cardenistas y quienes son los lopezobradoristas?, Eso por un lado. Y por el otro, usted insiste en ese distanciamiento con Felipe Calderón; pero su coordinador ya dijo que van a revisar la agenda legislativa.

AAG: Son dos cosas diferentes: nosotros somos un poder, el Poder Legislativo, que en el marco de la Constitución, de las funciones de cada Cámara y de la organización de poderes en la República, tenemos constitucionalmente un mandato; pero eso mandato se atiende en el marco del funcionamiento de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué quiere decir? Que en efecto, entregaron la agenda, la entregaron por la vía de la fracción parlamentaria y por esa vía nosotros la recibimos.

Pregunta: Pero dijo que la van a revisar…

AAG: Y nosotros por eso estamos estableciendo, en ese punto muy concreto, que es energía, los comentarios pertinentes. Con relación a lo otro, que es la pregunta con la que iniciaron, yo digo que esperemos.

En todo caso, fijaremos posición ante lo que resulten de esas reuniones, entendemos el interés que generan ante la opinión pública; pero también reconocemos que es un derecho y parte de la libertad que tenemos que ejercer.

Pregunta: Oiga diputado, pero parece que el desacuerdo que tenía el ingeniero Cárdenas precisamente con todos esos ex priístas: Camacho Solís, Socorro Díaz, (Ricardo) Monreal, Arturo Núñez, ¿no es significativa esta reunión, después de que ellos mismos fueron los que provocaron el alejamiento del ingeniero?

AAG: Sí, digamos que tiene varias lecturas de interpretación, que las podemos dar; pero es mejor esperar.

Pregunta: ¿Pero ustedes celebran estos acercamientos?

AAG: Cualquiera --escúchese bien-- que busque lo positivo de la lucha de resistencia que estamos desarrollando. Se trata de sumar esfuerzos, se trata de sumar voluntades, se trata de sumar propuestas, en el mismo sentido de lo que estamos planteando. Lo que nosotros visualizamos es la situación de riesgo en la que se encuentra la Nación, en que se encuentra la República, como resultado, como consecuencia, de ese fraude electoral, descomunal, cínico, que transgrede el marco constitucional y que se está expresando en conflictos locales.

Entonces, si se reúnen personajes como el señor Camacho Solís, el ingeniero Cárdenas, queremos verlo en esta perspectiva. Y lo que ellos platiquen, yo creo que ya nos lo van a comentar más adelante.

Pregunta: Oiga, por otra parte, este hecho del fraude y todo eso, es un movimiento social que ustedes encabezan y está bien. Sin embargo, ya se está reflejando, por ejemplo, en el caso de Tabasco. Pese a que va a ir toda la cargada de diputados locales, federales, todo mundo, al parecer el candidato (Cesar Raúl) Ojeda va 10 puntos abajo y ni cómo repuntar. Y al parecer este movimiento, estas medidas, lo han afectado…

AAG: Tampoco le crean mucho a las encuestas, ya sabe cómo son las encuestas. Ahí hay un proceso, en donde lo que se está resolviendo o se va a resolver localmente es el cambio de gobernador. Nosotros, dentro de lo que ha planteado la Convención Nacional Democrática, tenemos mucho interés en que el proceso se desarrolle de manera pacífica, dentro de los cauces legales y de manera democrática. Vamos a esperar.

Pregunta: Oiga diputado, hay quien piensa que en Tabasco se va a jugar el futuro de la resistencia civil pacifica.

AAG: Creo que todo eso es una exageración. Se entiende bien que el resultado de este proceso nacional tuvo como consecuencia un enorme fraude electoral; eso está claro. Y, digamos, la gente Fox, la gente de Calderón, si se mueve una mosca, quieren aventarla en contra de esta resistencia. Entonces, a cada momento ellos ven rubicones en el curso de resistencia que hemos venido desarrollando. Esto va para largo, la resistencia será larga. Lo de Tabasco, lo que sucede en otros estados, son episodios dentro de esta lucha nacional.

Pregunta: Oiga diputado, pero hablando en “plata fina” --nadie looye, nadie lo va a escuchar-- ¿No les ha afectado más esta situación de la resistencia civil y la propia presencia de Andrés Manuel López Obrador?, porque insisto, mucho de lo que hay en Tabasco se dice que es por la presencia y parte de la resistencia civil.

AAG: No, al contrario. Lo que le preocupa a la derecha --y fíjense bien lo que les voy a decir, con todo respeto a ustedes-- a los dueños de los medios de comunicación, es que la gente no está desilusionada, ni desanimada. A los propietarios de las cadenas televisivas, de las cadenas radiales, a los poderosos de este país, lo que les preocupa es eso.

A los beneficiarios de la “Ley Televisa” y de la “Ley de Radio”, que parecen ya intocables y son un poder fáctico, lo que les preocupa, a diferencia de lo que ocurrió en 1988, a diferencia de lo que ha ocurrido en algunos otras partes del mundo, es que ante un fraude de esta naturaleza la gente no está desanimada.

Al contrario, la gente se está organizando, más allá de las encuestas. La gente está expandiendo su decisión y, sobre todo, su convicción, a partir del conocimiento de la realidad nacional, de la importancia de luchar por nuestros derechos.

Yo espero que se haya entendido lo que está en juego en materia energética, porque a los “vendepatrias”, a Calderón, a Fox, a toda esa bola de rufianes que se sientan en la Constitución y hacen cosas indebidas sobre ella, el concepto de Patria les parece atrasado, porque ellos no estudiaron en escuelas públicas. El concepto de Soberanía dicen que es del siglo pasado, que lo que hay que hacer ahora es ser competitivos y que si eso es a costa de ceder soberanía en materia energética, pues que se venda Petróleos (Mexicanos).

Entonces, estamos hablando de una visión de clase de los poderosos, de los multimillonarios en este país, que quieren infundir, a través del manejo de los medios, una idea de desánimo, de desaliento en los mexicanos. Y nosotros vemos otras cosas.

Nosotros miramos abajo, miramos a la par, y lo que vemos son ojos dispuestos a luchar, dispuestos a pelear. Y lo de Tabasco es una expresión. Ya se verá en pocos días, no se desesperen.

Pregunta: Oiga diputado, ¿me podría explicar un poquito acerca del 17 de noviembre?

AAG: Precisamos. Lo que se está planteando para el 17 de noviembre es una jornada, dentro de la resistencia civil y pacifica a la que se convocó por parte de la Convención Nacional Democrática.

Una de las primeras acciones será la realización de un foro en defensa de esta soberanía energética, con la opinión de destacados investigadores y maestros, como la señora Ifigenia Martínez, el doctor Víctor Rodríguez y muchas otras gentes que han estudiado, han analizado la cuestión energética y cuyos puntos de vista compartimos en defensa de lo que es de todos los mexicanos.

Habrá otras acciones, iniciativas, en el marco de esta resistencia, que se van a ir anunciando a través del Frente Amplio Progresista y también del foro que organizó el Sindicato Mexicano de Electricistas, Foro Nacional o Frente Nacional en defensa de la soberanía energética.

Este es un primer paso que estamos dando, muy bien dado en el marco de las iniciativas que nos corresponden como diputados del Grupo Parlamentario del PRD.

Pregunta: ¿Pero habrá manifestaciones el 17 de noviembre?

AAG: Sí.

Pregunta: ¿En dónde?

AAG: Si todo esto sale al aire, preocúpense poderosos, ricos, “vendepatrias”, porque no nos rendimos, saldremos a la calle a defender lo que es de todos, la industria eléctrica, Petróleos (Mexicanos). No es de ellos, tampoco es del gobierno, es de la Nación. Son burros e ignorantes. Los remito, poderosos, a que lean el párrafo sexto del artículo 27: no pueden vender lo que no les pertenece. Espurio: ¡entiende!, la Patria no se vende.

Pregunta: Oiga diputado, ¿dónde van a ser las manifestaciones?

AAG: En diferentes partes de la República.

Pregunta: Pero se hablaba de la Compañía de Luz y Fuerza, de PEMEX…

AAG: Recuerden ustedes que hace unos días, en el marco de la celebración de los 46 años de la nacionalización de la industria eléctrica, el 27 de septiembre, realizamos mítines frente a la Comisión Reguladora de Energía, que es la comisión otorgadora de permisos, la comisión de privatización, también frente a la Secretaría de Energía, que es un secretaría privatizadora, y la Secretaria de Hacienda, que es el mandamás. Su titular no se nombra en México, llega una carta del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial al presidente en turno y dice: “Este va a ser”; lo que antes era el virrey en México, eso es el secretario de Hacienda.

También ahí hicimos mítines y los vamos a repetir en muchas otras partes. Preocúpense, poderosos, porque vamos a continuar la lucha, no nos rendimos, ¿se nos ve cara de cansancio, se nos ve cara de desilusionados? No. Y vamos a ganar, tenemos la razón y somos mayoría en esta patria.

Pregunta: Oiga diputado, se oye muy bonito; pero la privatización se viene dando, ya no digamos de manera de hormiga. En las últimas obras que ha hecho la Comisión Federal de Electricidad, el capital privado ahí está y no se está frenando.

AAG: Así es, violando la Constitución.

Pregunta: Por eso, pero lo siguen haciendo.

AAG: Violando la Constitución.

Pregunta: Por eso le preguntaba. Me decía usted que iban a una huelga general, en caso de que reformaran el (artículo) 27 y el (artículo) 28, pero el caso es que siguen y siguen invirtiendo capital privado en el sector y no se ha frenado.

AAG: Tiene usted razón, toda la razón. Ojala reproduzcan su nota, la que usted nos acaba de dar.

Pregunta: Pero la lee, porque no nos quieren leer ni nos quieren escuchar.

AAG: Claro, por supuesto que sí. El compañero reportero tiene toda la razón, qué bueno. Actualmente está en manos de capital privado, en el caso eléctrico, alrededor de un 30 por ciento de lo que se genera de electricidad en México. Tanto en permisos de productores independientes, como en permisos en materia de autoabastecimiento; pero todos esos permisos son ilegales e inconstitucionales.

Ya lo dictaminó así la Auditoría Superior de la Federación: son ilegales e inconstitucionales; por eso van por una reforma al 27 y al 28, porque saben bien que si no reforman la Constitución, en cualquier momento eso se les cae. Por eso hicieron el fraude, porque sabían bien que si llegaba López Obrador, ese capital iba “patitas a sus patrias”. Y es muy contradictorio.

Todas esas trasnacionales --óigase bien--, todas las trasnacionales energéticas en México, en sus respectivos países, rinden homenaje a la soberanía nacional. En Francia, Electricidad de Francia no admite que haya más capital privado en electricidad y en gas. En España, FENOSA e Iberdrola, el primer ministro, el Rey, dice que es inadmisible que haya participación de capital privado en sus empresas; ah, pero afuera son trasnacionales y andan pisoteando las constituciones.

Están muy preocupados y le exigen a Calderón que reforme el artículo 27 y 28, porque saben que están prendidos de alfileres. Es que nada más hay que hojear el párrafo sexto del 27 para darse cuenta que están en la ilegalidad, en la inconstitucionalidad.

Pregunta: Oiga diputado, usted dijo que hay claros signos de que hay intenciones, del PRI y de Acción Nacional, de hacer estas modificaciones, ¿cuáles son estos claros indicios?

AAG: Están todas las declaraciones, que ustedes vinieron recogiendo muy bien a lo largo de toda la campaña electoral, en donde el señor Madrazo y el señor Calderón, en los debates que hubo, expresaron claramente su propósito de abrir todas las puertas al capital privado.

Madrazo ya se fue a esconder, Calderón ahí tiene su propuesta de agenda, un monumento a la mentira. Dice que no va a privatizar; pero dice que se va a abrir más el sector energético al capital privado. Ahí está eso y hay que ver cómo se comportan aquí adentro: “agarraditos de la mano”, “el bien común con el papá”. Gracias, a sus ordenes.

José Antonio Almazán

La mesa puesta

Los que se sienten ya dueños de México han resuelto consumar el fraude electoral para imponer a un presidente que profundice las criminales políticas neoliberales en contra del pueblo de México. Desde la perspectiva de los multimillonarios empresarios que impulsaron la guerra sucia y la campaña de miedo, así como de la ultraderecha de El Yunque, que controla al PAN y al gobierno de Fox, no se trata sólo de impedir el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, sino de golpear al movimiento democrático integrado por millones de mexicanos que reclaman, con razón y justicia, el recuento total de los votos de la pasada elección presidencial.

La oligarquía mexicana sabe bien que atrás del anhelo de una democracia plena, expresado hoy en la demanda de voto por voto, casilla por casilla, está la sed de justicia social, de salarios justos, de empleo y vida digna para todos, de educación laica y gratuita en todos los niveles de enseñanza, y la esperanza de una patria libre, justa y soberana, todo ello negado por el nefasto modelo neoliberal que únicamente ha beneficiado a un puñado de multimillonarios.

Los poderosos sueñan desde ahora con los grandes negocios que emprenderán contando con un gerente a su gusto en la silla presidencial y un Congreso controlado por el PRI y el PAN. Frotándose las manos incuban proyectos para concluir la privatización de la electricidad y el petróleo, para poner en manos privadas la seguridad social, para echar más tierra al megafraude del Fobaproa, para profundizar los tratados de libre comercio y completar la entrega de los recursos naturales (agua, bosques, biodiversidad) y el patrimonio nacional. Sin ocultar la mirada de codicia, se aprestan a concluir la destrucción del campo mexicano, convirtiéndonos en un país importador de granos y exportador de millones de trabajadores migrantes; a anular la educación laica y gratuita mediante una contrarreforma educativa que destruya nuestra identidad como mexicanos y que sólo produzca mano de obra dócil a la explotación patronal; a imponer una contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo, que garantice mayor sobrexplotación de millones de trabajadores mexicanos con salarios de hambre y sin condiciones mínimas de seguridad e higiene, y las llamadas reformas estructurales.

La oligarquía y la ultraderecha en el poder están dispuestos a todo. Ya enviaron mensajes: la impunidad criminal con la que asesinaron a los mineros de Pasta de Conchos y Sicartsa, la represión brutal del pueblo de San Salvador Atenco y la violación planeada de mujeres con acciones programadas para aplastar la rebelión del pueblo de Oaxaca, encabezada por sus dignos maestros. A través del duopolio televisivo y de la mayoría de los medios de radio y prensa escrita han desatado una guerra mediática para preparar la imposición de Felipe Calderón sin medir consecuencias ni costos políticos y sociales. Los vendepatrias suspiran por un presidente al que no le tiemble la mano para reprimir.

La tarea sucia se la dejan a Vicente Fox, quien ha declarado públicamente que está dispuesto a pagar el costo político para impulsar las llamadas reformas estructurales (laboral, fiscal, energética, entre otras) en los escasos tres meses que le restan de gobierno y dejarle la "mesa puesta" a Calderón para que no cargue los costos de la represión. En sus cálculos está la posibilidad de una alianza entre la fracción parlamentaria del PAN y del PRI en el Congreso de la Unión, que han venido trabajando en las últimas semanas, para obtener el control de una mayoría simple que apruebe las reformas fiscal y laboral en la Cámara de Diputados, así como los dos tercios necesarios para validar contrarreformas a los artículos 27 y 28 constitucionales en el Senado.

Sin embargo, el cálculo de la ultraderecha y de la oligarquía falla en una parte, siempre despreciada por los poderosos: la respuesta popular. En meses recientes hemos sido testigos del crecimiento y fortalecimiento de un movimiento popular nacional, que no se circunscribe únicamente a la capital del país y a Oaxaca, que ha resistido la guerra mediática de descalificación y aislamiento, y ha ido elevando su nivel de conciencia y organización a partir de decenas y cientos de asambleas en las que se discuten los grandes problemas nacionales y cómo resolverlos y que, pase lo que pase en el terreno del fraude electoral, darán respuesta puntual a los planes de la oligarquía y la ultraderecha.

El reto del movimiento democrático encabezado por López Obrador será enlazar y organizar la justa demanda del conteo total de los votos con la agenda social, como él ha expresado en las asambleas informativas en el Zócalo de la ciudad de México. Por el lado de las organizaciones agrupadas, tanto en el Frente Sindical Campesino Indígena Social y Popular, como en las Asambleas del Diálogo Nacional por un Proyecto de Nación Alternativo al Neoliberalismo, el reto estriba en asumir iniciativas de unidad y movilización en una coyuntura en la que se han adelantado los tiempos políticos y frente a la cual la preparación de acciones de paro cívico y huelga nacional cobran relevancia y actualidad.

Publicado en LaJornada el 14 de Agosto de 2006.

José Antonio Almazán

Proyecto de nación y energéticos

Después de un 1º de mayo cuyo común denominador fue el repudio a la política neoliberal foxista, los gritos multitudinarios de "ni un voto al PRI y al PAN" y el apoyo a la lucha de los trabajadores migrantes; en momentos en que la ultraderecha ensoberbecida y su candidato Calderón sienten que la silla presidencial ya es suya, apoyados en una guerra mediática en la que los medios televisivos y las encuestas buscan convertirse en el gran elector; y mientras los poderosos ensayan cómo van a gobernar después del 2 de julio, asesinando mineros, y reprimiendo salvajemente a la población de Salvador Atenco y disfrazando su agresión de actos de "estado de derecho", el tema energético, el destino de la electricidad y del petróleo parece pasar a tercer plano.

Sin embargo, abajo, entre los miembros de la clase obrera, con paciencia y tenacidad se discuten aspectos cruciales en la perspectiva de una patria libre, justa, democrática y soberana como la que soñaron y por la que dieron la vida Jose Martí y Simón Bolívar. Tal es el caso del segundo Foro Latinoamericano y Caribeño de Trabajadoras y Trabajadores de la Energía, realizado el 2, 3 y 4 de mayo en la ciudad de México, en el cual dirigentes electricistas, petroleros y nucleares de 17 países hermanos analizaron el papel crucial que los energéticos juegan en el momento actual de la globalización capitalista y la importancia que estos recursos guardan en la formulación de proyectos alternativos frente al embate neoliberal.

Lo mismo en Argentina, en Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, México que en Perú, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, la aplicación del modelo neoliberal se tradujo en despojo y pobreza para los pueblos, acumulación de enormes riquezas por las trasnacionales y pérdida de soberanía para las naciones del continente americano. Frente a esta perspectiva la lucha de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe ha generado un poderoso movimiento social que ha logrado frenar, en algunos casos, la privatización energética, y en otros ha impulsado el ascenso de gobiernos que rompen radicalmente con el neoliberalismo en una perspectiva socialista, como es el caso de Venezuela, y recientemente Bolivia, que nacionalizó sus hidrocarburos y que junto con otros países, como Argentina, Cuba, Uruguay, Brasil, buscan impulsar procesos de integración económica y social alternativos a la propuesta imperial del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), como son la Alternativa Bolivariana para la América (Alba) y Petroamérica.

En el primer foro, realizado en Caracas, Venezuela, en mayo de 2005, se asentaron tesis fundamentales en el terreno energético, como son: 1) La soberanía y la propiedad de nuestros pueblos sobre sus recursos energéticos, para la construcción de la Nación Latinoamericana y Caribeña. 2) La unificación y protagonismo de las y los trabajadores energéticos latinoamericano-caribeños. 3) La defensa del ambiente y el uso racional de los recursos energéticos no renovables. 4) La energía como bien social y derecho humano fundamental de los pueblos de la Tierra. 5) El combate a la exclusión y la pobreza, por una justa redistribución de la riqueza. 6) La energía al servicio de la integración, el desarrollo y la paz de nuestros pueblos. 7) El derecho de las trabajadoras y trabajadores a participar en la gestión de las empresas energéticas.

Ahora, en la realización del segundo foro el avance fue significativo, ya que se acordó "constituir una coordinadora de sindicatos de la energía de América Latina y el Caribe sobre la base de coordinaciones regionales de Norteamérica, Centroamérica, Caribe y Sudamérica que trabajen hacia la creación de las condiciones políticas necesarias que permitan crear una confederación en el tercer foro con una base firme y amplia", así como la construcción de un amplio frente social para enfrentar la política neoliberal.

En palabras de los dirigentes electricistas, petroleros y nucleares de Latinoamérica y el Caribe, reunidos en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, que fungió como anfitrión, se concluyó:

"Este foro marca el inicio de una etapa nueva y superior en la defensa de nuestros energéticos. Es necesario unificar nuestras fuerzas y nuestras luchas. Los trabajadores de la energía necesitamos la participación de los pueblos, cada país necesita la participación de los otros países. No basta luchar por la energía: es necesario luchar por todos nuestros recursos, unificar las fuerzas y los movimientos, crear una sola lucha. Nadie vencerá desde el aislamiento. Es la hora de la unidad." Enhorabuena.

Publicado en LaJornada el 8 de Mayo de 2006.

José Antonio Almazán González

Siete años después: el horizonte, la coyuntura

Cuando el 2 de febrero de 1999 el presidente Zedillo anunció su decisión de privatizar la industria eléctrica, la noticia nos pegó como descarga eléctrica. Como relámpagos vinieron a nuestra memoria los recuerdos de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME): desde la huelga general de 1916 hasta la formación del Comité Nacional de Defensa Proletaria en 1935. Una vez superados esos primeros minutos de parálisis y zozobra, y apoyados en nuestra memoria histórica, la dirección del SME tomó una decisión que nos habría de marcar a lo largo de un camino que sabemos no tiene regreso: resistir. Hoy, a punto de cumplirse siete años de lucha, resulta obligado intentar un balance.

1.- Desde su inicio, la lucha del SME y sus aliados ha estado marcada por una tensión entre la necesidad de avanzar en la construcción de un nuevo horizonte y la de resistir en una coyuntura, marcada primero por la ofensiva privatizadora eléctrica y después por el conjunto de las "contrarreformas estructurales". Desde esta perspectiva se convocó, en 1999, a la formación del Frente Nacional de Resistencia en Contra de la Privatización de la Industria Eléctrica. Sus principales defectos fueron limitar su desarrollo al problema eléctrico y concebirlo como un organismo de solidaridad a los ritmos y acciones de la lucha del SME, sin plantearse las necesidades y las demandas propias de sus aliados.

Sin embargo, el curso de la lucha llevó al SME a la comprensión de fortalecer la unidad de los de abajo, trascendiendo su ámbito gremial. Así, participamos en la creación de la Promotora por la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo en 2002, y en noviembre de 2003 organizamos el Frente Sindical, Campesino, Social y Popular (FSCSP), sin ignorar el carácter de algunas direcciones sindicales de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), pero anteponiendo los reclamos de un amplio movimiento social en rechazo a la privatización de la seguridad social y el sistema público de pensiones y jubilaciones. En este sentido, el FSCSP demostró su capacidad de convocatoria y movilización en las jornadas nacionales en defensa de la soberanía, la seguridad social y los derechos de los trabajadores, en noviembre de 2003; la magna movilización al Zócalo del 31 de agosto, y el ensayo de paro nacional el primero de septiembre de 2004.

2.- El saldo de 2003 mostró que no bastaba con resistir, que se requería con urgencia organizarse a escala nacional y dotarse de un proyecto propio. Más aún cuando la obstinación del gobierno de Fox por imponer a toda costa las llamadas reformas estructurales había marcado un límite a los movimientos de resistencia. En este sentido, la convocatoria al Primer Diálogo Nacional, en noviembre de 2004, implicó pasar de una simple resistencia activa a la construcción de un proyecto de nación alternativo al neoliberalismo.

El Segundo Diálogo Nacional, realizado el 4 y 5 de febrero de 2005, significó un salto cualitativo en la lucha de cientos de organizaciones sociales al definir un horizonte de resistencia antineoliberal, con rasgos anticapitalistas, en la llamada Declaración de Querétaro y el Programa Mínimo no Negociable.

3.- En el caso del SME, la dialéctica entre el horizonte de lucha (antineoliberal y anticapitalista) y la coyuntura (nacional y mundial) expresa el desarrollo de una lucha de resistencia que aglutina a millones de mexicanos, la comprensión de los intereses mundiales y locales que están atrás de la políticas de privatización y las contrarreformas estructurales y, esencialmente, la clara conciencia de fortalecer la unidad de los de abajo frente al enemigo común: la oligarquía mexicana y el imperialismo.

Así, desde 1999 se buscó incidir en el Congreso de la Unión con el propósito de frenar las contrarreformas a los artículos 27 y 28 constitucionales, logrando que en abril de 2002 las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Energía, Estudios Legislativos y Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del Senado de la República desecharan la iniciativa presidencial de Zedillo, así como las de PAN y PVEM, y aun cuando en agosto de ese año el presidente Fox presentó una nueva propuesta de privatización, la presión ejercida al Congreso de la Unión ha mantenido en la congeladora las contrarreformas constitucionales.

El problema de quién gobierna en este país no es asunto irrelevante. Así lo hicimos en 2000, cuando, respetando nuestra autonomía interna, convocamos a no votar por los partidos privatizadores. En el momento actual, tanto el PRI de Madrazo como el PAN de Fox y Calderón han definido claramente, bajo los dictados del imperio, su intención de privatizar los energéticos e imponer las reformas estructurales (fiscal, laboral, seguridad social, cultura, etcétera), inclusive antes de que concluya el sexenio. Es cierto, el Proyecto Alternativo de Nación de López Obrador no rompe con el neoliberalismo, pero toma distancia de éste, particularmente en el terreno de los energéticos, al señalar claramente, en varios documentos públicos, que no privatizará la electricidad y el petróleo. En ello estamos de acuerdo, sin que esto implique una confianza a ciegas. Conscientes además de que la posibilidad de revertir el proceso de privatización dependerá, en lo fundamental, del fortalecimiento de las luchas de resistencia y la unidad de los de abajo.

Con este razonamiento, la disyuntiva no está en optar entre lo electoral o la Sexta y la otra campaña, a las que el SME ha saludado con entusiasmo, sino más bien en la capacidad y voluntad de avanzar juntos, respetando la autonomía de cada organización en el tema electoral, en la construcción de la unidad de los de abajo, por un proyecto de nación alternativo al neoliberalismo, con libertad, justicia y democracia, como lo intentaremos el próximo 4 y 5 de febrero en el Tercer Diálogo Nacional a celebrarse en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡La lucha sigue!

Publicado en LaJornada el 4 de Febrero de 2006.

Las caravanas del frente

Publicado en LaJornada el Lunes 9 de mayo de 2005

José Antonio Almazán González

Las caravanas del frente

Burlando el cerco informativo, mediante el contacto directo con organizaciones locales, regionales, estatales y nacionales y con decenas de miles de compatriotas, seis caravanas del Frente Sindical, Campesino, Indígenas, Social y Popular (FSCISP) recorren territorio nacional, convocando a la organización y a luchar juntos para frenar las reformas estructurales (es decir, la intención del gobierno de Fox y sus aliados del PRI de privatizar la electricidad, el petróleo, la seguridad social, la educación, la cultura, etcétera, así como para manifestar el rechazo a la reforma laboral de Abascal y para avanzar en la formulación de un Proyecto de Nación Alternativo al Neoliberalismo, con libertad, justicia y democracia.

Ignorados y menospreciados por los poderosos que controlan los medios de comunicación, las caravanas del Frente se insertan en el tiempo latinoamericano del nuevo tipo de movimientos sociales (como el Movimiento de los sin Tierra en Brasil) que se han venido construyendo en los últimos años: no sólo de resistencia, sino también propositivos ante los grandes problemas nacionales; invadiendo, por derecho propio, esferas cuidadosamente reservadas a la clase y organizaciones políticas, que reclaman para sí el usufructo completo de lo político.

Frente a la crisis terminal del neoliberalismo, cuyas trágicas secuelas son la miseria, el hambre y el desempleo en que han hundido al pueblo de México, las caravanas del FSCISP levantan un programa mínimo no negociable, consensuado por cientos de organizaciones sociales que participaron en el segundo Diálogo Nacional, realizado en Querétaro el pasado 5 de febrero, cuyas principales conclusiones son las siguientes:

1. Recuperar y restablecer la soberanía de la nación, devolviendo al pueblo la autoridad suprema para decidir el destino de la patria, restituyendo a la nación la propiedad exclusiva sobre el territorio, los recursos naturales y las fuentes energéticas y cancelando todos los tratados comerciales y militares que lesionen los intereses del país.

2. Romper con el modelo neoliberal, sustituyéndolo por un nuevo modelo económico para el desarrollo del país, orientado a terminar con la pobreza, a recuperar y preservar los derechos sociales y de los trabajadores, a la creación de empleos, a generar el crecimiento económico y a la distribución equitativa de la riqueza, bajo la conducción y la rectoría económica del Estado.

3. Recuperar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria sobre la base de un nuevo impulso al reparto agrario, al ejido y al cooperativismo social, garantizando asistencia técnica y recursos financieros para la producción.

4. Renegociar y, en su caso, cancelar el pago de la deuda externa, así como el pago de la deuda generada por el rescate bancario y carretero.

5. Una democracia integral basada en la implementación de diversos mecanismos de participación directa del pueblo para la decisión en asuntos públicos, como son el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la consulta, la contraloría social y la revocación de mandato.

6. Una reforma integral al sistema judicial y de impartición de justicia, orientada a terminar con la corrupción, la violación a los derechos humanos y que contemple la elección popular de jueces y magistrados.

7. La defensa de los derechos de los pueblos indios plasmados en los acuerdos de San Andrés.

8. La defensa de la educación pública y el patrimonio cultural, asegurando que se destine al menos 8 por ciento del PIB a educación y uno por ciento del PIB a ciencia y tecnología, garantizando la cobertura de la educación gratuita en todos los niveles.

9. Para lograr la justicia social y condiciones de vida digna para todas y todos los mexicanos, se debe asegurar su acceso a los derechos universales a la alimentación, a la salud, a una vivienda digna, a un trabajo socialmente útil y al respeto irrestricto de los derechos humanos.

10. La defensa de los derechos laborales contemplados en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, asegurando las condiciones para el ejercicio de la democracia en los sindicatos y el fin del corporativismo y el control estatal.

11. Garantizar la plena equidad en derechos y oportunidades para las mujeres.

12. La libertad de todos los presos políticos, la presentación con vida de los desaparecidos y la desmilitarización del país.

Las caravanas del Frente iniciaron sus recorridos el 3 de mayo y lo concluirán el 11 de este mes, visitando más de 70 capitales y ciudades del interior de la República, de Ensenada a Mérida, de la costa del Pacífico al Golfo de México, difundiendo la Declaración de Querétaro y este programa mínimo no negociable, para mostrar que los trabajadores sí tenemos proyecto de nación y que parte de demandar la restitución de la legalidad constitucional, severamente cuestionada por las reformas neoliberales y por aquéllos, que como Fox, declaran sin decoro alguno que se sienten más empresarios que políticos.

Desplegado 5 de Abril de 2005

Los intereses detrás del desafuero

Sin argumentos, ni razón, ni justificación legal alguna, los sumisos diputados del PRI y el PAN que integran la sección instructora de la Cámara de Diputados, dictaminaron a favor del desafuero del Jefe de Gobierno del D.F., Andrés Manuel López Obrador. Seguramente quienes durante meses han planeado el golpe de estado en contra de la incipiente democracia en México, Madrazo, Fox y Creel, estarán de placemes.

A todos ellos los mueve el mismo interés, cerrar el paso a quién todas las encuestas colocan como puntero para las elecciones presidenciales de 2006. En sus cálculos políticos consideran que, desaforado Andrés Manuel López Obrador, el botín presidencial quedará en manos de Madrazo o Creel, personajes políticos que cuentan con el beneplácito del gobierno de Bush, para quién el próximo presidente de México es un asunto de seguridad nacional (de E.U. por supuesto).

Su interés primordial consiste en garantizar la continuidad del modelo neoliberal y para ello cuentan con el respaldo del presidente Bush. La alianza que han venido construyendo para impulsar y aprobar las “reformas estructurales” cuyo colofón fue la eliminación de los artículos 27 y 28 constitucionales del Programa de Acción del PRI, da cuenta de ese indecente compromiso para culminar la compra venta de México.

El proyecto político de López Obrador no rompe de manera definitiva con el neoliberalismo, pero toma distancia frente a él, generando con ello fobia y terror en el gobierno de Bush tan solo de pensar en tener a otro Hugo Chávez pegado a su frontera sur. Para los poderosos intereses que están atrás de quienes impulsan el desafuero, poco importa asestar un golpe mortal a la embrionaria democracia en México, con tal de asegurar que el criminal modelo de hambre y miseria, llamado neoliberalismo, culmine su tarea en México, convirtiéndonos en una colonia del poderoso vecino del norte.

El desafuero de López Obrador significa regresar la historia de México a la etapa del dictador Porfirio Díaz y las condiciones sociales y políticas que dieron origen a la Revolución Mexicana de 1910-1917. De un plumazo pretenden cancelar el más elemental de los derechos democráticos de todos los mexicanos: el de elegir a sus gobernantes. Amen de mantener a los trabajadores sin las mas elementales libertades políticas, al obligárseles a pertenecer al partido revolucionario institucional y con ello mantenerlos atados a las patronales centrales del congreso del trabajo.

El desafuero de López Obrador muestra también que cuando les conviene al PRI y al PAN, son capaces de unirse atentando contra los derechos elementales de los mexicanos. Y si hoy se unieron para desaforar, seguramente mañana intentaran imponer las llamadas reformas estructurales.

Convocamos al pueblo de México a mantenerse en estado de alerta en los próximos días para defender el derecho de los mexicanos a ejercer la democracia y a movilizarnos en rechazo al ilegal e ilegítimo desafuero del Jefe de Gobierno del D.F.

¡El golpe de estado en contra de la democracia en México, No pasará!

Responsable de la publicación: José Antonio Almazán González, Srio. del Exterior del SME.

DESPLEGADO PUBLICADO A PLANA COMPLETA EN “LA JORNADA” EL DIA 5 DE ABRIL DE 2005

No al ilegal e inconstitucional desafuero del Jefe de Gobierno del D.F.

No al ilegal e inconstitucional desafuero del Jefe de Gobierno del D.F.1

¿Qué han hecho para frenar las reiteradas violaciones a la Constitución cometidas por el gobierno de Fox?

¿Qué medidas han tomado para detener el proceso de privatización de la electricidad y el petróleo que viola el párrafo sexto del artículo 27 Constitucional?

¿Qué acciones emprendieron para impedir la reforma a la ley del IMSS que prepara la privatización de la Seguridad Social?

¿Qué están haciendo para hacer valer los derechos laborales plasmados en la Ley Federal del Trabajo y para impedir la contrarreforma laboral de Abascal?

NADA

Al contrario, durante 23 años los gobiernos del PRI y hoy del PAN han contribuido al desmantelamiento del patrimonio nacional y a la entrega de México a la voracidad de las grandes corporaciones trasnacionales y a los planes imperiales.

Por si no fuera suficiente, hoy pretenden afectar el más elemental de los derechos democráticos: el de elegir a los gobernantes, a través del ILEGAL DESAFUERO del jefe de gobierno del Distrito Federal.

El golpe de Estado que el PAN y el PRI preparan, mediante el desafuero contra el Jefe de Gobierno del D.F. Andrés Manuel López Obrador, no afecta a un individuo, sino a millones de mexicanos que ejercieron el derecho de voto y agrede a todo el Pueblo de México, pues mediante sucias maniobras legaloides, pretenden cerrar el paso a cualquier opción electoral que no sea la del PRI y la del PAN o que no sea del agrado de la oligarquía mexicana y del gobierno de Bush.

Repudiamos esta infame maniobra que cancela derechos democráticos elementales por los que el pueblo de México luchó en la Revolución de 1910-1917. Solicitamos al Congreso de la Unión, particularmente a los Diputados, que se revistan de dignidad y rechacen el ilegal desafuero del Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador. Convocamos a las organizaciones sociales y políticas de todo tipo a demandar el respeto a las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución y a movilizarnos para frenar el Golpe de Estado en contra de la democracia en México.

Los modernos Porfirios Díaz que piensan, como Madrazo y Fox, que los mexicanos no estamos maduros para la democracia ¡NO PASARÁN!

1 Desplegado publicado el día 19 de febrero de 2005 en el periódico La Jornada. Responsable de la publicación: José Antonio Almazán González, Secretario del Exterior del SME

Deuda externa y electricidad

José Antonio Almazán González

En su reciente comparecencia ante el Senado de la República, el secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, utilizó nuevamente el desgastado argumento de que: "El Estado tiene recursos limitados y su labor primordial debe ser atender necesidades de los ciudadanos, sobre todo en materia de seguridad pública, salud, seguridad social y educación...", intentando, con ello, justificar la pretendida privatización del sector eléctrico nacionalizado.

Ese viejo argumento neoliberal, inevitablemente nos remite a la crisis que México comenzó a sufrir a partir de 1982. En aquel año, ante la insolvencia del gobierno federal para asumir los compromisos de pago de una deuda externa que ascendía a 86 mil millones de dólares, el Banco Mundial impuso una serie de condiciones conocidas como "ajustes estructurales", entre otros la privatización del sector estatal de la economía.

1.- En 1982 este sector estaba integrado por mil 155 empresas y organismos estatales que operaban en 63 ramas de la economía mexicana, entre otras: química, agropecuaria, pesca, textiles, farmacéutica, banca, servicios, telecomunicaciones, aeronáutica, puertos, transporte, minería, petroquímica básica, siderurgia, turismo, ferrocarriles, electricidad y petróleo.

El argumento utilizado en aquel entonces por los gobiernos priístas fue que el Estado contaba con recursos económicos limitados y que éstos debían orientarse hacia el gasto social en educación, vivienda, salud, agua potable, inversión en el campo, mejor alimentación, medio ambiente y justicia. Como resultado de la privatización de 942 empresas, el gobierno federal obtuvo ingresos por más de 31 mil millones de dólares, que fueron destinados no al gasto social, sino al pago de la deuda externa, como parte de los compromisos asumidos con el Banco Mundial.

Este proceso de privatización inicialmente fue orientado hacia empresas y organismos que no eran estratégicos ni prioritarios, pero en pocos años abarcó a sectores prioritarios, como fue la venta de Teléfonos de México durante el periodo salinista y Ferrocarriles Nacionales con Ernesto Zedillo. Al igual que Carlos Abascal hoy, este proceso de desnacionalización de sectores claves de la economía mexicana intentó ser justificado por uno de los principales operadores de la privatización en el periodo salinista, Jacques Rogozinski, argumentando que "la experiencia de nuestro país y de muchas naciones... ha demostrado que en general la empresa privada es más eficiente que la pública".

2.- Conforme a datos del Banco de México publicados en su Informe Anual 2002, y guiado por los bien documentados reportes de Roberto González Amador (La Jornada 25 de julio y 23 de octubre), mientras de 1992 a 2002 la deuda externa, pública y privada, creció 31.8 por ciento, pasando de 117 mil 600 millones de dólares a 155 mil millones de dólares, en el mismo periodo el pago de esta deuda externa significó para México una sangría de 288 mil millones de dólares, que fueron a parar a las arcas de las principales potencias imperiales que controlan el Banco Mundial.

En promedio, en los pasados 10 años se pagaron anualmente más de 26 mil millones de dólares y en lo que va de este sexenio se han pagado 55 mil 600 millones de dólares.

Para situar la magnitud de la descapitalización de la economía mexicana en la década anterior, basta señalar que el pago de la deuda externa representó 45.2 por ciento del producto interno bruto de 2002, que el Banco de México calculó en 637 mil 269 millones de dólares.

Aun reconociendo las cifras infladas de Felipe Calderón, que estima que el sector de energía requiere una inversión de 136 mil millones de dólares de aquí al año 2013, estos recursos de capital se hubieran obtenido fácilmente, no ya de una moratoria a la deuda externa que a algunos asusta, sino de una justa e inaplazable renegociación de la misma.

3.- Como bien lo demuestra Sharon Beder en su libro Juego de poder, la lucha por el control de la electricidad en el mundo, "...aunque los argumentos a favor de la privatización y la desregulación se han presentado inevitablemente en términos de su beneficio público, en realidad éstas se llevan a cabo en beneficio de intereses comerciales en particular, a expensas de los intereses públicos". Demuestra cómo se ha echado mano de ideologías y teorías económicas simplistas para enmascarar la búsqueda del interés propio; cómo se ha arrebatado el control de la electricidad de las manos públicas para crear oportunidades de ganancias para inversionistas y empresas multinacionales, y cómo un servicio público esencial se ha visto convertido en un producto de especulación en nombre de la "reforma".

Contra este perverso propósito, desde diversos rincones de la nación avanza ya un conglomerado de fuerzas y movimientos sociales de todo tipo para llegar al Zócalo de la ciudad de México el 27 de noviembre, en defensa de la soberanía nacional y contra el neoliberalismo.

La Jornada 22 de noviembre de 2003