Deuda externa y electricidad

José Antonio Almazán González

En su reciente comparecencia ante el Senado de la República, el secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, utilizó nuevamente el desgastado argumento de que: "El Estado tiene recursos limitados y su labor primordial debe ser atender necesidades de los ciudadanos, sobre todo en materia de seguridad pública, salud, seguridad social y educación...", intentando, con ello, justificar la pretendida privatización del sector eléctrico nacionalizado.

Ese viejo argumento neoliberal, inevitablemente nos remite a la crisis que México comenzó a sufrir a partir de 1982. En aquel año, ante la insolvencia del gobierno federal para asumir los compromisos de pago de una deuda externa que ascendía a 86 mil millones de dólares, el Banco Mundial impuso una serie de condiciones conocidas como "ajustes estructurales", entre otros la privatización del sector estatal de la economía.

1.- En 1982 este sector estaba integrado por mil 155 empresas y organismos estatales que operaban en 63 ramas de la economía mexicana, entre otras: química, agropecuaria, pesca, textiles, farmacéutica, banca, servicios, telecomunicaciones, aeronáutica, puertos, transporte, minería, petroquímica básica, siderurgia, turismo, ferrocarriles, electricidad y petróleo.

El argumento utilizado en aquel entonces por los gobiernos priístas fue que el Estado contaba con recursos económicos limitados y que éstos debían orientarse hacia el gasto social en educación, vivienda, salud, agua potable, inversión en el campo, mejor alimentación, medio ambiente y justicia. Como resultado de la privatización de 942 empresas, el gobierno federal obtuvo ingresos por más de 31 mil millones de dólares, que fueron destinados no al gasto social, sino al pago de la deuda externa, como parte de los compromisos asumidos con el Banco Mundial.

Este proceso de privatización inicialmente fue orientado hacia empresas y organismos que no eran estratégicos ni prioritarios, pero en pocos años abarcó a sectores prioritarios, como fue la venta de Teléfonos de México durante el periodo salinista y Ferrocarriles Nacionales con Ernesto Zedillo. Al igual que Carlos Abascal hoy, este proceso de desnacionalización de sectores claves de la economía mexicana intentó ser justificado por uno de los principales operadores de la privatización en el periodo salinista, Jacques Rogozinski, argumentando que "la experiencia de nuestro país y de muchas naciones... ha demostrado que en general la empresa privada es más eficiente que la pública".

2.- Conforme a datos del Banco de México publicados en su Informe Anual 2002, y guiado por los bien documentados reportes de Roberto González Amador (La Jornada 25 de julio y 23 de octubre), mientras de 1992 a 2002 la deuda externa, pública y privada, creció 31.8 por ciento, pasando de 117 mil 600 millones de dólares a 155 mil millones de dólares, en el mismo periodo el pago de esta deuda externa significó para México una sangría de 288 mil millones de dólares, que fueron a parar a las arcas de las principales potencias imperiales que controlan el Banco Mundial.

En promedio, en los pasados 10 años se pagaron anualmente más de 26 mil millones de dólares y en lo que va de este sexenio se han pagado 55 mil 600 millones de dólares.

Para situar la magnitud de la descapitalización de la economía mexicana en la década anterior, basta señalar que el pago de la deuda externa representó 45.2 por ciento del producto interno bruto de 2002, que el Banco de México calculó en 637 mil 269 millones de dólares.

Aun reconociendo las cifras infladas de Felipe Calderón, que estima que el sector de energía requiere una inversión de 136 mil millones de dólares de aquí al año 2013, estos recursos de capital se hubieran obtenido fácilmente, no ya de una moratoria a la deuda externa que a algunos asusta, sino de una justa e inaplazable renegociación de la misma.

3.- Como bien lo demuestra Sharon Beder en su libro Juego de poder, la lucha por el control de la electricidad en el mundo, "...aunque los argumentos a favor de la privatización y la desregulación se han presentado inevitablemente en términos de su beneficio público, en realidad éstas se llevan a cabo en beneficio de intereses comerciales en particular, a expensas de los intereses públicos". Demuestra cómo se ha echado mano de ideologías y teorías económicas simplistas para enmascarar la búsqueda del interés propio; cómo se ha arrebatado el control de la electricidad de las manos públicas para crear oportunidades de ganancias para inversionistas y empresas multinacionales, y cómo un servicio público esencial se ha visto convertido en un producto de especulación en nombre de la "reforma".

Contra este perverso propósito, desde diversos rincones de la nación avanza ya un conglomerado de fuerzas y movimientos sociales de todo tipo para llegar al Zócalo de la ciudad de México el 27 de noviembre, en defensa de la soberanía nacional y contra el neoliberalismo.

La Jornada 22 de noviembre de 2003

El traje del emperador

José Antonio Almazán González.

Después del fracasado albazo legislativo para imponer la privatización del sector eléctrico, y una vez que la gran mayoría de los senadores priístas manifestó su rechazo tanto a la reforma de los artículos 27 y 28 constitucionales como a la privatización del mercado eléctrico -es decir, a la propuesta privatizadora que el presidente Vicente Fox envió al Congreso de la Unión en agosto de 2002-, el presidente del Partido Revolucionario Institucional intentó cubrir parcialmente su derrota convocando a una reunión de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional del PRI en la que se leyó, sin ser aprobado, el documento Análisis y presentación de criterios para la discusión de reformas del sector eléctrico nacional, con el cual se pretendía conciliar las posiciones de los privatizadores con la declaración de principios y el programa de acción del PRI.

Así, por un lado se estableció que "la modificación propuesta por Fox al artículo 27 constitucional abarcó tres conceptos que han sido rechazados por el PRI", pues: a) al "suprimir del texto constitucional los conceptos de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer, para sustituirlos por el concepto de servicio público, podría permitir que en el futuro leyes secundarias contravinieran el espíritu del texto constitucional, abriendo así el sector a la participación indiscriminada del capital privado"; b) la propuesta de Fox "implica la privatización de un segmento del mercado eléctrico, justamente el de los grandes consumidores, que tendría dos graves consecuencias para el desarrollo del país:" al afectar a "la enorme mayoría de usuarios, destacadamente la pequeña y mediana industria", y al vulnerar la rectoría del Estado, "en virtud de que los particulares crearían mercados excluyentes, con ventajas para las regiones próximas a las fuentes de energía primaria y a las plantas de generación eléctrica"; c) el acceso y uso no discriminatorio de la red nacional de transmisión y de las redes de distribución a los generadores privados, que propone Fox, "resulta inaceptable, en razón de que concede el mismo valor estratégico a la transmisión para el servicio público que para el uso de los particulares, lo que pone en evidencia la intención privatizadora de la iniciativa del Presidente".

Sin embargo, contradiciendo sus principios y programa, en la parte denominada criterios generales, en su inciso d), el documento del Revolucionario Institucional propone: "Limitar expresamente el porcentaje de generación proveniente de proyectos de la iniciativa privada, bajo las figuras legales, tanto a nivel nacional como regional", y más adelante, en su inciso h) plantea: "Modificar el marco jurídico vigente para garantizar certidumbre a todos los participantes del sector, tanto públicos como privados, tanto productores como consumidores, con reglas claras que eviten la simulación".

A partir de estos elementos contradictorios en el discurso del Revolucionario Institucional, el gobierno de Fox maneja que existe un consenso para avanzar en la privatización eléctrica y mediante el documento Necesidades del sector eléctrico y criterios para una reforma, se plantea despejar "cualquier duda sobre la constitucionalidad para que los productores independientes generen energía para su entrega al Estado", y cínicamente propone legalizar lo ilegal.

Para ello ha lanzando nuevamente una millonaria campaña mediática a base de espots, cuyo mensaje es ridículo y demagógico, buscando convencer al pueblo de México de que la privatización es benéfica para el país. En suma, alardeando que su reforma eléctrica es "un traje a la medida para nuestro país", como en el famoso cuento de Andersen: "El traje nuevo del emperador", cuando es de reconocimiento público que el dichoso traje, es decir, las llamadas "reformas estructurales" (energética, laboral, fiscal y otras) son las instrucciones impuestas y aceptadas con agrado por los gobiernos neoliberales (Salinas-Zedillo-Fox) con el Banco Mundial, como puede verificarse en los textos México documentos estratégicos, de diciembre de 1994, y Una agenda integral de desarrollo para la nueva era, de noviembre de 2000.

Frente a estos intentos privatizadores de los vendepatrias, en las semanas recientes se ha levantado un amplio abanico de fuerzas sociales, políticas, sindicales y campesinas en defensa de la soberanía nacional y contra el neoliberalismo, que desde todo el territorio nacional confluirán el 27 de noviembre en el Zócalo de la ciudad de México, para afirmar con dignidad: ¡La patria no se vende!

La Jornada, noviembre 9 de 2003