El traje del emperador

José Antonio Almazán González.

Después del fracasado albazo legislativo para imponer la privatización del sector eléctrico, y una vez que la gran mayoría de los senadores priístas manifestó su rechazo tanto a la reforma de los artículos 27 y 28 constitucionales como a la privatización del mercado eléctrico -es decir, a la propuesta privatizadora que el presidente Vicente Fox envió al Congreso de la Unión en agosto de 2002-, el presidente del Partido Revolucionario Institucional intentó cubrir parcialmente su derrota convocando a una reunión de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional del PRI en la que se leyó, sin ser aprobado, el documento Análisis y presentación de criterios para la discusión de reformas del sector eléctrico nacional, con el cual se pretendía conciliar las posiciones de los privatizadores con la declaración de principios y el programa de acción del PRI.

Así, por un lado se estableció que "la modificación propuesta por Fox al artículo 27 constitucional abarcó tres conceptos que han sido rechazados por el PRI", pues: a) al "suprimir del texto constitucional los conceptos de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer, para sustituirlos por el concepto de servicio público, podría permitir que en el futuro leyes secundarias contravinieran el espíritu del texto constitucional, abriendo así el sector a la participación indiscriminada del capital privado"; b) la propuesta de Fox "implica la privatización de un segmento del mercado eléctrico, justamente el de los grandes consumidores, que tendría dos graves consecuencias para el desarrollo del país:" al afectar a "la enorme mayoría de usuarios, destacadamente la pequeña y mediana industria", y al vulnerar la rectoría del Estado, "en virtud de que los particulares crearían mercados excluyentes, con ventajas para las regiones próximas a las fuentes de energía primaria y a las plantas de generación eléctrica"; c) el acceso y uso no discriminatorio de la red nacional de transmisión y de las redes de distribución a los generadores privados, que propone Fox, "resulta inaceptable, en razón de que concede el mismo valor estratégico a la transmisión para el servicio público que para el uso de los particulares, lo que pone en evidencia la intención privatizadora de la iniciativa del Presidente".

Sin embargo, contradiciendo sus principios y programa, en la parte denominada criterios generales, en su inciso d), el documento del Revolucionario Institucional propone: "Limitar expresamente el porcentaje de generación proveniente de proyectos de la iniciativa privada, bajo las figuras legales, tanto a nivel nacional como regional", y más adelante, en su inciso h) plantea: "Modificar el marco jurídico vigente para garantizar certidumbre a todos los participantes del sector, tanto públicos como privados, tanto productores como consumidores, con reglas claras que eviten la simulación".

A partir de estos elementos contradictorios en el discurso del Revolucionario Institucional, el gobierno de Fox maneja que existe un consenso para avanzar en la privatización eléctrica y mediante el documento Necesidades del sector eléctrico y criterios para una reforma, se plantea despejar "cualquier duda sobre la constitucionalidad para que los productores independientes generen energía para su entrega al Estado", y cínicamente propone legalizar lo ilegal.

Para ello ha lanzando nuevamente una millonaria campaña mediática a base de espots, cuyo mensaje es ridículo y demagógico, buscando convencer al pueblo de México de que la privatización es benéfica para el país. En suma, alardeando que su reforma eléctrica es "un traje a la medida para nuestro país", como en el famoso cuento de Andersen: "El traje nuevo del emperador", cuando es de reconocimiento público que el dichoso traje, es decir, las llamadas "reformas estructurales" (energética, laboral, fiscal y otras) son las instrucciones impuestas y aceptadas con agrado por los gobiernos neoliberales (Salinas-Zedillo-Fox) con el Banco Mundial, como puede verificarse en los textos México documentos estratégicos, de diciembre de 1994, y Una agenda integral de desarrollo para la nueva era, de noviembre de 2000.

Frente a estos intentos privatizadores de los vendepatrias, en las semanas recientes se ha levantado un amplio abanico de fuerzas sociales, políticas, sindicales y campesinas en defensa de la soberanía nacional y contra el neoliberalismo, que desde todo el territorio nacional confluirán el 27 de noviembre en el Zócalo de la ciudad de México, para afirmar con dignidad: ¡La patria no se vende!

La Jornada, noviembre 9 de 2003